Funcionarios estatales lograron ayer un histórico acuerdo de 25 mil millones de dólares con los mayores prestamistas hipotecarios de Estados Unidos, en relación con los abusos de ejecución que sucedieron tras el desplome de la burbuja inmobiliaria.
El convenio requiere que cinco bancos de los más grandes del país reduzcan los préstamos de cerca de un millón de hogares que se encuentran al borde de una ejecución hipotecaria. Los prestamistas también enviarán cheques por 2 mil dólares aproximadamente a 750 mil estadounidenses que cayeron de manera indebida en incautación. Los bancos tendrán tres días para cumplir con las condiciones del acuerdo.
Es el mayor convenio que involucra a un solo sector desde el logrado en 1998 entre varios estados y la industria tabacalera.
Funcionarios federales y estatales anunciaron en una conferencia de prensa que 49 estados adhirieron al convenio. Oklahoma anunció un acuerdo por separado con cinco bancos.
El convenio pone fin a un doloroso capítulo que surgió de la crisis financiera, cuando el valor de la vivienda se desplomó y millones estuvieron al borde de la ejecución hipotecaria. Muchas compañías efectuaron ejecuciones sin verificar documentos. Algunos empleados firmaron documentos sin haberlos leído o usaron firmas falsas para acelerar los procesos, una acción conocida como robo de firmas.
Bajo el acuerdo, los estados se comprometieron a no presentar cargos civiles relacionados con este tipo de abusos. Los propietarios de viviendas aún pueden demandar a los prestamistas en cortes civiles por su propia cuenta y las autoridades federales y estatales pueden presentar cargos penales.
«Hubo muchas pequeñas cosas que se hicieron mal», dijo Shaun Donovan, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. «Esto no resuelve nada. Seremos agresivos al buscar demandas ante otra instancia».
La reducción de préstamos ayudará principalmente a propietarios de viviendas que estén al corriente en sus pagos pero se encuentren «bajo el agua», es decir, cuyas deudas superan el valor de mercado de sus viviendas.
Mercedes Márquez, secretaria adjunta para Planificación y Desarrollo Comunitario en el departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, dijo a AP que una gran cantidad de latinos se verán beneficiados con este acuerdo, ya que un millón de familias latinas han perdido sus casas debido a remates hipotecarios.
El acuerdo incluye 3.000 millones de dólares destinados a la refinanciación de hipotecas a nombre de prestatarios que están al día en sus pagos pero cuya propiedad vale menos que el costo de la hipoteca, grupo que incluye a una porción importante de hispanos, según Márquez.
La funcionaria indicó que solo podrá tener cifras exactas sobre el total de latinos beneficiados en 60 días, cuando hayan finiquitado los detalles de implementación entre las partes del acuerdo.
Defensores del consumidor y activistas inmobiliarios aseguraron que el acuerdo presenta una falla porque solamente cubre a una parte de propietarios bajo riesgo. Los críticos señalan que el convenio sólo se aplica hipotecas privadas tramitadas de 2008 a 2011.