Se ha anunciado oficialmente que el nuevo gobierno pedirá la prórroga por dos años más del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, tema que vuelve a encender la polémica porque aunque está operando con perfil bajo, es evidente que hay sectores que están contra la presencia de esa instancia especial de Naciones Unidas en nuestro país. La lucha contra las muy variadas formas de impunidad en Guatemala no iba a ser sencilla y se ha demostrado en la práctica que se trata de un proceso arduo, complejo y sumamente difícil.

Pero creemos que si la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala tiene algo pendiente por hacer en el país es el traslado de su experiencia, de sus capacidades de investigación y de fiscalía, a nuestras instituciones nacionales para que seamos capaces de enfrentar nuestro grave problema más allá de la asistencia recibida, que aun siendo valiosa, puede terminar con efectos más parecidos a los de Minugua, lo cual francamente sería un fracaso.
 
 El tema de la impunidad es una cuestión fundamental que el nuevo gobierno tiene que emprender con determinación si realmente está hablando de cambios importantes y significativos en el país. No hay cambio más importante, cambio más radical y profundo, cambio más prometedor, que el que lleve a combatir frontalmente la corrupción y la impunidad, vicios hermanados por orígenes idénticos de soborno, cohecho y violación de la ley.
 
 En ambos casos hablamos de la voluntad política de los gobernantes, puesto que tendrían que abanderar una cruzada nacional para romper con los moldes de podredumbre y apañamiento que han caracterizado no sólo la función pública, sino el comportamiento de particulares que se convierten en la necesaria contraparte del mal. Sin corruptor no hay corrupción, sin empresarios que ofrezcan mordida a cambio de un contrato sobrevaluado para hacer obra mal construida, no habría funcionarios que se hartan con dineros que los enriquecen en forma ilícita. Sin particulares que sobornan a fiscales y jueces para destruir evidencias o impedir que se valoren correctamente, no tendríamos los niveles de impunidad escandalosos que ahora ofrecemos.
 
 CICIG vino a sembrar una semilla y hay que decir que sus logros son agridulces porque en los casos en que se involucró y fueron afectados los intereses verdaderamente intocables (por cuestión de clase) en el país, no le ha ido bien a pesar de investigar, aportar pruebas y disponer de las evidencias. Aún hay poderes demasiado grandes hasta para una Comisión Internacional y eso ha sido demostrado. Pero prorrogar su mandato para trasladar la experiencia a las instituciones nacionales, tiene mucho sentido.

Minutero:
Hay que dar vuelta a la tortilla
cambiando la estructura
y debe pasarse factura
a la tal Contraloría