Es ahora cuando el presidente Otto Pérez Molina demostrará si sus alocuciones eran pronunciadas con sinceridad o buscando votos. Desde la Presidencia demostrará si en campaña hacía promesas electorales o compromisos de Estado.

En La Hora Política se reveló parte de las promesas de Otto Pérez Molina, quien dijo estar comprometido con temas sociales, de seguridad, contra la corrupción, fiscal y rural.

El ahora Presidente propuso acciones que van desde la presentación de un Pacto Fiscal hasta la creación de un consejo que evalúe la política de Desarrollo Social de Guatemala.

Pero, ¿serán cumplidas las promesas?, analistas coinciden en que las acciones hasta ahora emprendidas son buenas, sin embargo, aseguran, hay  que esperar a que el discurso se convierta en realidad.

PROGRAMAS SOCIALES

Pérez Molina indicó a este vespertino que para continuar con los programas sociales es necesario crear el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social de Guatemala (Coneval), conformado por el titular de Segeplan y seis investigadores académicos nombrados por el Presidente.

Bajo este mismo consejo, el mandatario busca solicitar a un organismo internacional, Banco Interamericano de Desarrollo o Banco Mundial, una evaluación de los lineamientos de los programas nacionales de desarrollo social.

Lucy Lainfiesta, ministra designada para Desarrollo Social aseguró que cuando inicien las labores de la cartera a su cargo se integrará el Coneval, “que tiene línea punteada porque será una organización asesora, de apoyo y de vigilancia sobre las acciones del ministerio de Desarrollo Social y otros ministerios en materia de política social”.

Según la consultada, el propósito es que este sea un “cuerpo externo” que verifique si se cumplen los objetivos, y que esto lo haga de una manera objetiva y que oriente cuando haya situaciones que corregir para que esto se haga a tiempo.
 
CORRUPCIÓN

Para combatir la corrupción, el mandatario propuso elevar a categoría de dirección, dentro de la Vicepresidencia, la comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, por medio de un acuerdo gubernativo que establezca vinculación y coordinación interinstitucional con el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, CGC.

Además, dijo que se fortalecería el Sistema Nacional de Inversión Pública, que estable reglas “claras y concretas” y cuyo objetivo es concretar las opciones de inversión más rentables desde el punto de vista económico y social atendiendo los lineamientos de la política de Gobierno.

El gobernante cree necesario modificar este sistema a un plan Plurianual de Inversiones vinculado con el Sistema Integrado de Administración Financiera, mismo que busca  fortalecer la eficiencia, responsabilidad y transparencia de las funciones de administración financiera.

La dirección contra corrupción ya está organizada, para dirigirla se ha nombrado a Brenda Quiñónez  y se han contratado a los auditores que se “repartirán” los 14 ministerios a fin de fiscalizarlos. Las cuentas, según la vicepresidenta Roxana Baldetti, se entregarán cada semana.

Además, se prepara la modernización del Gobierno Electrónico, el cual, según Baldetti, contribuirá a que la población conozca más de cerca el trabajo de los funcionarios públicos.

Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana (AC), señala que para eliminar la corrupción en Guatemala se necesita de un trabajo “titánico” pues no es solo una debilidad de Estado sino también algo cultural.

El experto considera que los ofrecimientos del Gobierno deben ser complementados con aspectos como la búsqueda de una CGC efectiva, “esta es una agenda que corresponde al Congreso, más que al Ejecutivo, pero como sociedad debemos fijarnos este objetivo”, dice.

La importancia de este tema, para Marroquín, es que si no se cuenta con controles efectivos no bastará el esfuerzo de cualquier administración para combatir la corrupción.

La “prueba de fuego” para el gobierno de Otto Pérez Molina, según el director de AC, será el tiempo en que sus funcionarios permanezcan en el cargo sin que sean señalados en escándalos de corrupción.

Respecto a las declaraciones sobre que al detectar a un funcionario corrupto este será destituido, el consultado estima que esto es importante pero no suficiente, pues hay que generar sistemas preventivos impulsando las reformas a la Ley del Servicio Civil.

Marroquín agrega que una dirección contra la corrupción es insuficiente, pues se debía crear una secretaría de Gobierno, a nivel de Secretaría de Inteligencia Estratégica, pues el problema es tan grande que amerita una instancia mayor.

AMBIENTE

Las propuestas estratégicas de Pérez Molina permitirían que en 10 años Guatemala se convierta en “el principal destino mundial de turismo”, habló de reforestar, por medio de un programa de emergencia, los departamentos de Petén, las Verapaces, Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Chimaltenango, Jalapa y Chiquimula.

El entonces candidato también prometió impulsar y apoyar la aprobación o reforma de las leyes de Agua Potable y Saneamiento, adaptación al Cambio Climático, residuos sólidos y Minería, así como aprobar reglamentos de las leyes de Protección y mejoramiento del Ambiente, la de Áreas Protegidas y el Código de Salud.

Recientemente, el mandatario firmó con la Gremial de Industrias Extractivas un acuerdo en el que las regalías por estas prácticas se incrementará, ofreciendo que estas se aumenten a entre 3 y 5%.

Sin embargo, Magaly Rey Rosa, ambientalista de la organización Savia, estima que el conflicto que existe entre las empresas y las poblaciones indígenas no se centra en el dinero, sino en el respeto que se le debe dar a la naturaleza.

“Lo que yo aprendí con organizaciones indígenas, es que esto de las regalías para ellos, o por lo menos para la mayoría, es secundario. Ellos tienen una relación con la naturaleza totalmente diferente, no se sienten los dueños de todo para sacar dinero”, explica la experta.

Rey Rosa estima que esta medida ha sido una decisión del gobernante para hacerse de recursos para el Estado, lo cual es válido, “pero ojalá que se dé cuenta de que cuando ya no esté en la Presidencia, va a venir otro presidente a encontrarse con la irreversible destrucción que deja la minería”.

SEGURIDAD

En el tema de seguridad, eje central de su campaña, el Presidente se comprometió a conformar equipos multidisciplinarios y relacionarlos con otras dependencias estatales.

Además, procurar la refundación de la Policía Nacional Civil (PNC) y la creación de la Academia de Formación de Oficiales de la Policía.

También se propuso la creación de la Policía de Investigación criminal, retomar el control de los centros penitenciarios, construir cárceles y crear las fuerzas de tarea, asignadas a un área geográfica donde se promueva la organización ciudadana para facilitar la recuperación de los espacios públicos.

Mario Mérida, ex viceministro de Gobernación, señala que quién está a cargo del área de seguridad, Mauricio López Bonilla, debe realizar una planificación estratégica que pueda indicar al Presidente, los tiempos y los indicadores para alcanzar estos compromisos.

“El cronograma que se haga va a depender mucho también del presupuesto disponible para el tema de la seguridad, por eso es importante la reforma fiscal, porque esos son los parámetros para saber hasta dónde van a avanzar los compromisos y cuáles son los prioritarios”, dijo el consultado.

Entre los temas prioritarios, el experto considera que se encuentran el tema de la Escuela de formación de oficiales de la PNC, pues esto es parte de una agenda estratégica de gobierno que debería dar sus frutos en el segundo o tercer año del presente gobierno.

Para el control de las cárceles que propone Pérez Molina, Mérida indica que corresponde al director del Sistema Penitenciario establecer cómo se realizará esa tarea.

Además, dice el consultado, se necesita tomar en cuenta dos aspectos; la custodia para el cumplimiento de la condena y la rehabilitación y educación de los reos para que luego de su condena se reincorporen a la vida laboral del país.

En el mismo tema y tomando en cuenta la sobrepoblación en las cárceles debido a la lentitud en los procesos judiciales, Mérida considera que es necesaria la buena relación entre el Organismo Judicial, los jueces y el Ejecutivo, además de que se apruebe una Ley de seguridad pública, para que las sentencias sean prontas y no se tenga que recluir a los acusados mientras el Ministerio Público investiga.

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

El ahora mandatario se propuso una coordinación interinstitucional para apoyo al Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Público Penal e Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a través de la creación de la Comisión Presidencial para el fortalecimiento de la Justicia en Guatemala.

También se apostó por reformas constitucionales para fortalecer el sistema judicial, promoción de leyes o reformas legales en distintas materias como la Ley de la Carrera Judicial, Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, Código Procesal Penal, Ley de Amparo, Ley Contra la Delincuencia Organizada.

Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica dice que el Gobierno debe tener la voluntad política para impulsar las reformas que ha señalado, aunque estas se trabajen más en el ámbito de justicia y espera que estas sean distintas a las presentadas hasta ahora.

“Las reformas constitucionales ya están en proceso de discusión en el Congreso de la República, y creo que el Ejecutivo, lo más que podrá hacer es avalar alguna posición, que esperamos que no sea la propuesta presentada por la Universidad de San Carlos, la Universidad Landívar y Asies”, indica el consultado.

El motivo por el que Cadena no avala la propuesta de las universidades y la organización de investigación, es que la considera “limitada y conservadora”, contrario a lo que necesita el país que es quitarle el papel primordial “a determinados sectores, como el académico, para el nombramiento de magistrados”.

En cuanto a la coordinación interinstitucional, el experto espera que esto, tan necesario, se pueda implementar y materializar.