Creemos que cualquier ciudadano tiene derecho a participar en política y optar a cargos públicos en el marco de la ley, es decir, llenando los requisitos legales para hacerlo y creemos también que un buen gobierno rinde beneficios políticos al partido capaz de terminar su gestión con la aprobación ciudadana, siendo ello parte del juego político en cualquier lugar del mundo en donde opera el sistema democrático y hay un régimen de partidos políticos merecedores de tal nombre.

Sin embargo, el uso de los fondos públicos para promover una campaña política es deleznable en cualquier país del mundo, pero mucho más en un país con las condiciones de pobreza que presenta Guatemala y ayer en una revisión física que se hizo en las instalaciones del programa de la Bolsa Solidaria, quedó en claro que ese proyecto financiado con recursos del Estado, fue la plataforma política de la campaña de la señora Sandra Torres, entonces aún esposa del Presidente de la República.
 
 Cualquiera puede imaginar que una campaña electoral de alguien que tiene el poder no es barata y que nadie trabaja gratis porque todos los activistas saben que hay dinero disponible para realizar el trabajo de proselitismo. La mística y entrega voluntaria no existe cuando hay dinero a manos llenas porque hasta el más apasionado de los seguidores sabe y entiende que si no cobra él, alguien más se quedará con el dinero que le hubiera correspondido. El presupuesto del Estado y la posibilidad de asignar en plazas en toda la administración a los activistas es inmensa y eso fue lo que ocurrió en la aventura fallida, por razones legales, de la señora Torres.

Pero hacer piñata con los fondos públicos, y usar programas como el de la llamada Bolsa Solidaria para ganar adeptos y para financiar el activismo político, es no sólo inmoral sino también ilegal y el gobierno tiene que proceder a realizar las auditorías que hagan falta. No se trata de una venganza política ni debe emprenderse como tal, puesto que ello desvirtuaría por completo el esfuerzo por combatir la corrupción. Tiene que ser una investigación seria, contundente e inobjetable que demuestre la utilización de los fondos públicos con fines políticos para terminar con el mito de que hay una especial inquina en contra de la señora Torres por su origen o porque nunca fue del agrado de la oligarquía.
 
 Si ella hubiera actuado en forma transparente, respetando la pobreza del país y preocupada realmente por atender a la gente en mayor estado de necesidad, nada habría que criticar ni cuestionar. Pero si usó los programas para su propio beneficio político, eso es corrupción y merece sanciones.

Minutero:
Manejaron los programas
sin andarse por las ramas;
se robaron el dinero
y dijeron lero, lero