Creo que nadie se ha sorprendido de que se empiece a destapar la olla y aparezcan por doquier, en cada ministerio e institución, actos claros de corrupción e impunidad que bien podrí­an remontarse a la época en que se inició lo que burdamente se llama «la era democrática», que terminó con el gobierno del general í“scar Mejí­a Ví­ctores y empezó con Vinicio Cerezo Arévalo, aunque, honestamente, al menos en los últimos 112 años, solo podrí­an calificarse como gobiernos honestos al de Ubico, el de Arévalo y el de Arbenz, fuera de otros señalamientos de otra í­ndole que cada quien pudiera hacerles según su muy, pero muy particular punto de vista.

Al asumir el nuevo gobierno cada ministro ha recalcado en una sola cosa: la corrupción que imperó en las entidades que les ha tocado dirigir, pero circunscribiéndose únicamente al gobierno de Colom, olvidándose de que los otros también tienen la cola sucia y algunos, mucho, muy sucia. Es decir no se está descubriendo el agua azucarada, pero lo que sí­ es importante es que al fin, al menos por ahora, surja un gobierno que le cuente las costillas al anterior y enví­e al Ministerio Público las denuncias respectivas para iniciar los procesos penales que correspondan, o, en su caso, los administrativos o juicios de cuentas para que restituyan lo que se robaron.
 
Es evidente que empleados y funcionarios del pasado se convirtieron en millonarios por robar del erario nacional, sin que los guatemaltecos tan siquiera eleváramos nuestra voz de protesta no solo contra los ladrones, sino porque es doloroso que millones de guatemaltecos, literalmente se mueren de hambre, en tanto esos pí­caros de cuello blanco se atoran del lujo que ni quiera pensaron que alguna vez tendrí­an. El nuevo gobierno no ha encontrado una transición fácil. El desorden administrativo que cubre en gran parte los robos que se realizaron, es generalizado. Y no solo en el gobierno central o en instituciones semiautónomas o supuestamente autónomas como el caso del IGSS en donde hay mucha tela que cortar y muchas cosas por encontrar, al igual que en las alcaldí­as, en donde los que no fueron reelectos levantan el grito al cielo porque no tienen dinero ni para pagar deudas de los anteriores, menos para iniciar o continuar obras que se abandonaron.

Repito que lo que está ocurriendo no es sorpresa, es parte de una realidad que debe desaparecer y entre más lejos lleguen en esta auditorí­a y fiscalización, tanto cualitativa, como cuantitativamente, más apoyo recibirán las autoridades de la gente honrada que aún sobrevive en este paí­s. Ojalá que a medida en que transcurra el tiempo los nuevos funcionarios no se conviertan en tránsfugas, no para cambiarse de partido, que solo lo harán cuando llegue el 2015 para el disfrute que les dará el 2016 cuando habrá otro gobierno, sino, para pasarse de la honradez y la moral, a lo venal e inmoral. En los recién nombrados, al menos en mi opinión particular, hay algunos que tienen antecedentes nada recomendables en la materia de «notoria honradez» y esperamos que la Vicepresidenta cumpla con lo que dijo que «estarí­an firmando el libro de los tribunales» si se les comprueba la comisión de un delito y por supuesto, si el juez ordena su libertad bajo una medida sustitutiva y con la obligación de firmar el famoso libro y no salir de viaje al exterior.

 Hasta el momento solo se han escuchado quejas y tí­midos señalamientos, no obstante, hay que recordar que el Partido Patriota fue el que más gastó durante la campaña electoral y ese pisto debió salir de algún lado. ¿Deberán pagar esas facturas no solo otorgando cargos y posiciones, sino otorgando contratos lesivos y brutalmente injustos para la adquisición de bienes o servicios? El tiempo nos lo dirá.

 La otra transición, que tampoco extrañó, fue la del Congreso, en donde en menos de 24 horas después de haber tomado posesión de sus cargos, la mayorí­a de diputados salieron en desbandada  a refugiarse en el partido o posición que más convení­a a sus intereses personales, olvidándose ipso facto del que los llevó a esa curul. Es decir, son desleales, aprovechados, mentirosos, deshonestos, y usted, agréguele el adjetivo que quiera que me imagino que bien se lo merecen. El transfuguismo no es cosa nueva. Recuerdo en 1991 al asumir los diputados; ese mismo dí­a, dos de los 41 que habí­an llegado por la UCN (de antes), renunciaron, no a sus curules, sino al partido y se pasaron con la DC. Al final esa bancada mayoritaria (cuando solo habí­a 80 diputados) se quedó con 15. De alguna manera hay que reformar la ley electoral y si es necesaria la Constitución, para que los que se largan del partido por el que asumieron esa posición, salgan para su casa, sin salarios, prebendas, viajes y etcétera. Aunque ya existe una iniciativa de ley en ese sentido, ¿el actual partido oficial se animará a impulsarla?

Fuera del transfuguismo, en el Congreso empezaron los pleitos por escoger locales, secretarias, enseres y privilegios de todo tipo, incluso dicen que el Presidente de ese organismo ya pidió un listado de invitaciones de viajes que quedaron pendientes. Entonces pues, cambió el gobierno pero el Legislativo sigue igual o peor.

La transición apenas comienza, pero lo que a los guatemaltecos nos interesa es transitar de un paí­s violento, a un paí­s en paz, de un paí­s corrupto, a un paí­s honesto, de un paí­s agonizante, a un paí­s saludable y libre de los fantasmas pasados. ¿Se logrará?

¿Y EL PARLACEN? Con la alegrí­a y el beneplácito de millones de chapines, sus excelencias ílvaro Colom y Rafael Espada ya son diputados del PARLACEN, esa cueva de Alí­ Babá y de refugiados polí­ticos que gozarán de cuatro mil dólares mensuales de sueldo y gozarán también, de inmunidad e impunidad hasta que alguien del MP diga que conforme a la ley en materia de antejuicio tal privilegio se les puede retirar con orden de juez competente. Pero para terminar con ese mal. ¿Quién nos hará el milagro de que Guatemala se retire de este mamotreto que no sirve para nada y que le cuesta a nuestro paí­s varios millones de dólares al año? ¿Será san Otto y santa Roxana?