El planteamiento de la Reforma Fiscal y la posibilidad de su ejecución constituyen, sin duda, un desafío de grandes proporciones, pues como acertadamente ha señalado el doctor Edelberto Torres-Rivas, Consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, “el Estado guatemalteco cobra pocos impuestos y los cobra mal y lo que así recoge no alcanza a gastar o no sabe cómo hacerlo bienâ€.
El experto añade, que la estructura tributaria de nuestro país se caracteriza por el predominio de impuestos regresivos y al consumo. En forma contundente señala que hoy día la reforma fiscal es más importante que la reforma agraria, por los niveles de equidad que podría introducir en esta sociedad atrasada e injusta.
Durante el pasado gobierno, del presidente ílvaro Colom, hubo varios intentos para reactivar el Pacto Fiscal a efecto de lograr un consenso a favor de la Reforma Tributaria, pero los mismos se estrellaron con la fuerza de los intereses de la patronal guatemalteca representados por el poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF.
El doctor Juan Alberto Fuentes Knight, primer Ministro de Finanzas del gobierno de Colom, relata en su libro “Rendición de Cuentasâ€, que las propuestas se orientaban a que pagaran más los que más tienen. Uno de los mecanismos era el establecimiento de un impuesto del 5 o 10 % a los dividendos, que son las ganancias que las empresas trasladan a los dueños de las mismas, y que actualmente no pagan nada de impuestos en Guatemala, a diferencia de otros países, en donde sí tributan.
El nuevo gobierno, que preside el General Otto Pérez Molina, ha retomado la idea de empujar la Reforma Fiscal, pero sin afectar a los sectores de la clase dominante, que fueron quienes financiaron su campaña y lo llevaron al poder.
De acuerdo con algunas versiones preliminares, la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, ISR, que alienta el actual gobierno, afectaría a los pequeños contribuyentes, al aumentar gradualmente la tasa actual del 5 por ciento, además de castigar a los trabajadores asalariados que anualmente presentan la planilla del IVA para acreditar el monto de lo pagado a cuenta del ISR.
Hasta ahora, la administración tributaria reconoce el 100%, pero la nueva ley solo aceptaría el 25 por ciento. El resto, o sea el 75 por ciento, tendría que ser pagado por el contribuyente en concepto del ISR.
Se trata obviamente de una reforma para proteger al gran capital, lastimando a los sectores más débiles. Por eso es que las distintas cámaras empresariales no han vacilado en expresar su simpatía para el nuevo equipo gubernamental encabezado por el presidente Otto Pérez Molina.