El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales (Flacso) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), presentaron su posición frente al estado de calamidad del sistema de Salud Pública, hecho por el presidente Otto Pérez Molina hace unos dí­as.

Afirmaron que además de insumos quirúrgicos y medicamentos, en las compras realizadas mediante el estado de calamidad figuran chuletas de cerdo y embutidos, y que hasta donde saben, ninguna dieta para pacientes enfermos contempla ese tipo de alimentos.

Las entidades citadas reconocieron la necesidad de emprender acciones urgentes en áreas prioritarias como el referido sector, sin embargo, dijeron que las medidas tomadas han tenido como resultado “una compra acelerada de medicamentos con procedimientos especiales”, que deben verse “muy de cerca y con mucho cuidado”.

Ricardo Barrientos, economista de Icefi, y exviceministro de Finanzas del anterior gobierno, dijo que las organizaciones comparten la preocupación del estado de calamidad, porque “a través de las experiencias anteriores”, “levanta preocupaciones”.

En ese sentido, solicitaron garantí­as de transparencia y eficiencia, a través del “uso correcto de los recursos públicos”, cuyo gasto por el Estado que rige en el sector, escapa al control del Ministerio de Finanzas.

Barrientos dijo: “Nosotros queremos apoyar al Gobierno”, haciendo algunas recomendaciones para “evitar riesgos de abusos que hemos visto en el pasado”.

El experto de Icefi enfatizó que “los sistemas de transparencia de la gestión gubernamental, ya están reportando indicadores de alta preocupación, que podrí­a terminar en una malversación y uso indebido de recursos públicos”.

Las propuestas hechas “enfáticamente” por los representantes de las organizaciones, consisten en recomendar que “todas las compras y adquisiciones se realicen conforme lo que dispone la Ley de Contrataciones del Estado”, por ser esa la norma máxima en que el gobierno puede comprar y contratar bienes y servicios.

Entre otras, destaca que el apoyo del sector privado que se haya comprometido para ayudar, no debe significar ninguna erogación o beneficio fiscal posterior.

“¿Qué es lo que estamos haciendo?”, se preguntó el experto, “¿declarando un estado de excepción para comprar de cierta manera, o estamos atendiendo una prioridad legí­tima de la ciudadaní­a?”, agregó.