El juez Baltasar Garzón volvió hoy al banquillo de los acusados para responder por su intento de investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil española y la dictadura de Francisco Franco, en un juicio que se ha interpretado como una enmienda a la labor del magistrado en la persecución de crímenes de lesa humanidad en el mundo.
Unas 150 personas, en su mayoría simpatizantes del magistrado y familiares de víctimas del régimen franquista, se concentraron a las puertas del Tribunal Supremo en Madrid, donde Garzón es juzgado por segunda vez en una semana.
El juez español se dio a conocer en todo el mundo por la aplicación de la llamada justicia universal, que le llevó a pedir la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet y la investigación de la dictadura militar en Argentina.
Sin embargo, su intento de abrir un caso similar en España para buscar a unos 114 mil desaparecidos del bando perdedor republicano en el conflicto fratricida (1936-1939) y el posterior régimen franquista (1939-1975) resultó un fracaso.
Garzón, sin apoyos, abandonó la investigación en 2008. Posteriormente, se le imputó el delito de prevaricación -dictar a sabiendas una resolución injusta- por orillar conscientemente la ley de amnistía de 1977, aprobada para restañar las heridas de la guerra.
El juez, de 56 años, fue suspendido de sus funciones en mayo de 2010 y se enfrenta a una condena de 20 años de inhabilitación, que supondría el punto y final a su carrera en la magistratura.
Garzón fue juzgado la semana pasada, también por prevaricación, por su rol en el llamado caso «Gí¼rtel», que destapó una trama de corrupción en la administración pública. Este juicio está pendiente de sentencia.
En los dos casos, el magistrado fue imputado en contra del criterio de la fiscalía. En el del franquismo, la principal acusación la ejerce Manos Limpias, un pequeño sindicato de corte ultraconservador.
En la apertura del juicio, el abogado defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, pidió la nulidad del escrito de acusación, que de ser aceptada por los siete magistrados del tribunal supondría la absolución automática del juez.
Martínez-Fresneda puso en entredicho la imparcialidad del magistrado Luciano Varela, que instruyó el sumario contra Garzón. De hecho, dijo que Manos Limpias copió literalmente buena parte de un auto de Varela en una fase del proceso, lo que a su juicio evidencia una especie de connivencia del juez con la parte acusadora.
«No se molestaron ni en corregir los errores», afirmó Martínez-Fresneda, asegurando que en ambos escritos existían las mismas erratas ortográficas.
No obstante, parece poco probable que el tribunal acepte la petición. La cuestión se resolverá el 31 de enero, fecha de reanudación del juicio y en la que está previsto testifique Garzón.
Después del interrogatorio, su defensa ha presentado una lista de 22 testigos, entre ellos varios familiares de víctimas desaparecidas del franquismo.
«Es paradójico que alguien que ha intentado ayudar a familias que tienen el problema más grave, que es una desaparición forzada, tenga que sentarse en un tribunal a responder por ello», dijo Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la más activa en la búsqueda de fosas comunes de represaliados.
Silva se encontraba junto a las casi 200 personas que desafiaron la fría mañana de invierno en la capital española para dar su apoyo al juez a las puertas del Supremo.
«Esperemos que la justicia sea justa», afirmó la hispano-argentina Manuela Labrador, de 70 años, integrante de la organización Madres de la Plaza de Mayo. «Lo mismo que se ha implantado justicia gracias a Garzón en distintos países, que también se imparta justicia en España».
La estrategia de Manos Limpias es huir precisamente de este debate sobre la justicia universal y la guerra civil. Según Joaquín Ruiz Infante, que ejerce como abogado de la acusación, Garzón prevaricó al tomar decisiones haciendo caso omiso de una ley vigente: la de amnistía.
El proceso se ha interpretado como una enmienda a la labor de Garzón. Organizaciones de defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han salido en defensa del magistrado y se encuentran en el juicio como observadores.
«Los delitos que se le imputan no prescriben. Son fusilamientos políticos e ideológicos. Digan lo que digan, no prescriben», aseguró Roman Martín, de 67 años, familiar de varias víctimas de la dictadura.