La mortalidad materna es considerada un problema de salud pública; en Guatemala, existe un marco legal que declara la salud como un bien público y es el Estado el responsable directo de velar por la misma, sin discriminación, indicó la periodista Ileana Alamilla.
A decir de Alamilla, en su columna Eclipse titulada “Ser madre sin morir en el intentoâ€, a pesar de que el gobierno anterior aseguró que durante su mandato se disminuyeron las muertes maternas, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) reveló que en ese período murieron 40 mil mujeres por problemas antes, durante y después del parto.
Según la columnista, Guatemala tiene el tercer lugar en Latinoamérica con la mayor incidencia de decesos materno-neonatales, pues se reportan que 139.7 mujeres por cada cien mil nacidos vivos en el país mueres por causa de natalidad.
Alamilla dijo que en el Estudio Nacional de Mortalidad Materna 2007, se reconoce una mínima disminución de los niveles de muertes ocasionadas por problemas en el embarazo, parto o posparto.
La profesional destacó que el representante de la PDH, Sergio Morales, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad por incumplimientos del Ministerio de Salud e indicó que si se mantienen los números que se registran en la actualidad, este flagelo se podría erradicar en los próximos cien años, después de que mueran 400 millones de mujeres.
De acuerdo con la columnista, y como siempre son las indígenas, rurales y pobres las más afectadas por esta injusticia que obedece a causas que son prevenibles, además subrayó que tomando en cuenta que los registros en Guatemala son deficientes, la pregunta es de qué tamaño será en realidad el drama de las mujeres víctimas y de sus familias.
Alamilla indicó que otro alarmante dato en el país es el reporte de muertes maternas en niñas entre 10 y 14 años, se sabe que sólo en Huehuetenango en el 2011, 729 niñas resultaron embarazadas, lo que significa que se ha convertido en un problema de dimensiones escalofriantes que impacta directamente en sus vidas, con riesgo para su salud y para su futuro.
La columnista dijo que no es normal ni natural que esas niñas tengan que asumir papeles que no corresponden a su desarrollo físico, mental y emocional, aunque “así sea la costumbreâ€, además esa situación lleva implícito un delito, pues una menor de edad no puede discernir libremente, por lo que hay delincuentes implicados.
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y demás prestadores de servicios tienen la posibilidad de erradicar esta aberración, teniendo para ello importantes aliados, como los observatorios de salud sexual y reproductiva, las redes y alianzas nacionales de mujeres indígenas por la salud reproductiva, la nutrición y educación y las redes de hombres que han hecho gran trabajo y aportes.
Finalmente, Alamilla subrayó que urge que la institucionalidad respectiva lo priorice, pues son vida perdidas o truncadas, además de que es un asunto de derechos humanos.