Todos los expertos económicos han opinado sobre el tema tributario, habiendo dos claras posiciones. La primera representa una posición polí­tica, de los detentadores del poder o servidores públicos, que refieren que para poder alcanzar las metas y desarrollo esperado para el paí­s, se requiere que los propios guatemaltecos contribuyamos más al erario nacional, por medio de los impuestos. La segunda, representada casi siempre por el sector conservador del empresariado guatemalteco que solicita eficiencia en el gasto público, transparencia en la gestión gubernamental y la austeridad del gobierno.

Una cosa es segura para nuestro paí­s, y es que existen muchas desigualdades, históricamente reconocidas, y además de ello, elementos que facilitan temas conexos a este grave problema nacional, como puede ser la delincuencia, la migración y la peor de todas, la inseguridad alimentaria.  Guatemala tiene amplios retos en este proceso y pensar en que con las mismas acciones, pensamientos, ideologí­as o discursos el asunto cambiará, es no sólo irresponsable, sino además aquellos que tienen en su poder realizar el cambio y no lo realizan, son además, cómplices.  Por ello, bajo parámetros que habrí­a que evaluar en su impacto, acciones como las donaciones de la cooperación internacional, la responsabilidad social empresarial y los programas sociales se han visto como necesarios e importantes, pero luego de varios años de su implementación, pareciera que los resultados no son los esperados, porque Guatemala y su nivel de indicadores de progreso no avanzan.

Pero saber estos retos, problemas y graves circunstancias obliga a tomar medidas que en su conjunto y con el tiempo, que puedan llegar a generar un desarrollo de forma sostenible y más importante, que los guatemaltecos que hoy se encuentran en ese estado, tengan lo suficiente para garantizarles una vida digna y con servicios públicos básicos garantizados.   Por ello, para muchos, pedirle al porcentaje de contribuyentes que pagan impuestos diariamente, que paguen aun más, pareciera la solución, elevando la carga tributaria.  Pero este aspecto lesiona la precaria situación económica para las personas de clase media, recipiendaria de remesas, propietaria de pequeños negocios o profesionales que laboran las 8 o 10 horas diarias en relación de dependencia o por su cuenta.  Para otros, pedirle a los que ya pagan impuestos, que paguen más, no es justo y no cumple con los principios de equidad tributaria.  Algunos creen que el Estado debiera antes de pedirle a los mismos el pago de más impuestos, ampliar esa base tributaria hacia otros actores que, bajo argucias o bien escondiéndose de un control legal, se escabullen en pagar o bien pagan muy poco para su  condición económica o su ganancia anual.  Y otros tantos, reclaman que aquellos cuya condición económica es más favorable, quizá gracias a su trabajo tesonero de años atrás o por cualquier circunstancia legal y honorable, son los llamados a realizar una serie de pagos mayores, para lograr un verdadero balance entre esa clase privilegiada, que representa un grupo muy pequeño del paí­s, versus la gran mayorí­a de habitantes cuyas necesidades y requerimientos son grandes, ejemplificando la famosa justicia conmutativa razonada por Aristóteles y justificada por Platón.

Pero hay un buen grupo de técnicos y empresarios, que reclaman acciones como las que se hacen en organizaciones privadas, como la reducción de gastos, la búsqueda de mejores condiciones de pago e inclusive la evaluación de escenarios variados, distintos al endeudamiento o capitalización para invertir, estrategias que han tomado nuestros representantes en los últimos años.  También se reclama, como un clamor popular, que las acciones gubernamentales sean evaluadas y se tomen decisiones con cierta prioridad, entendiendo que la prestación de los servicios públicos esenciales, que garanticen los derechos humanos de toda la población, debe ser el eje fundamental de la gestión pública. Este comentario popular, va acompañado de una gran desconfianza en la forma en que los gobernantes utilizan el patrimonio del Estado, especialmente al conocer de hechos de corrupción o bien simplemente en un pobre criterio para la ejecución del presupuesto nacional. Algunos cuestionan inclusive porqué un médico de un hospital público o un maestro del área rural, gane menos y no tenga recursos para trabajar, en contrario a un funcionario o asesor cuyo trabajo de escritorio es igual de importante que el galeno o educador.  Entonces se reclama que no solo por corrupción, sino además por un criterio erróneo, la administración pública no tiene ese balance que se necesita.

Guatemala requiere ese cambio hoy, no mañana. Pero para que el gobierno pueda pedir a los mismos o a nuevos contribuyentes que se paguen tributos a cambio de la presentación de servicios públicos, debe obligadamente reconsiderar el cambio del sistema administrativo del sector gubernamental, algo que no es fácil, pero que con voluntad y decisión, es factible de realizar.  Y entonces sí­, todos a contribuir para que directa o indirectamente, se reciba un beneficio para todo el paí­s.