“Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad. Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.†(Preámbulo Estatuto de Roma).
El anuncio hecho por el recién estrenado gobernante Pérez, expresado durante el discurso en el acto de toma de posesión como Presidente de la República de Guatemala, pasó inadvertido para los medios de comunicación y los analistas políticos; pero tiene importancia para la vigencia, observancia y el respeto de los derechos humanos. Dijo en esa ocasión el mandatario guatemalteco, que durante su Gobierno el Estado de Guatemala firmará y ratificará el Estatuto de Roma.
¿Qué es el Estatuto de Roma? El instrumento que da origen a la constitución de la Corte Penal Internacional, creada para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la «Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional». El Secretario General, Kofi Annan, la consideró como «un paso gigantesco en favor de los derechos humanos universales y del imperio de la ley».
El estatuto fijó un quórum de 60 países para entrar en vigencia. Sin embargo, el proceso fue más rápido de lo esperado. El Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio de 2002, luego de recibir las 60 ratificaciones necesarias. Hoy día, el número de ratificaciones se eleva a 120.
Espero que el anuncio hecho por el gobernante Pérez sea pronto una realidad, hacerlo significa al igual que los otros países del mundo, que Guatemala está decidida a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera. Asumir ante la comunidad internacional ese compromiso, es hacerlo también con la justicia y los derechos humanos. La Corte Penal Internacional es útil para prevenir y evitar que ese tipo de crímenes y atrocidades se cometan o repitan, como ocurrió en Guatemala. Ratificar este tipo de instrumentos, compromete la lucha contra la impunidad, un flagelo que azota desde hace muchas centurias a este país y que mantiene sorda, ciega y muda a la justicia, que por cierto, debido a la perseverancia de defensores de derechos humanos y organizaciones de familiares de víctimas, así como la presión internacional, ha empezado a caminar aunque muy despacio aún, pero al menos están siendo investigados, sometidos a la justicia y condenados algunos responsables de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, cometidas durante el conflicto interno que vivió el país.
P.S. Hoy se cumplen 30 años de la ejecución extrajudicial de í‰DGAR PALMA LAU, expresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho y Secretario General de la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, cometida por la dictadura militar contrainsurgente en 1982. La impunidad sigue protegiendo a los esbirros.