Autoridades del ministerio de Energía y Minas mantienen su criterio en torno a la aprobación de la iniciativa de ley 3599 que pretende regular la comercialización de gas licuado de petróleo GLP, presentada por el diputado Jorge Luis Ortega Torres.
La citada iniciativa ya recibió dictamen favorable en la comisión de Energía y Minas y conocida en primera lectura en el pleno del legislativo, pero posteriormente se presentó un documento mediante el cual las autoridades de esa cartera expresan su desacuerdo con algunos artículos incluidos.
A este respecto el diputado Ortega Torres expresó que la única intención de esta ley es proteger al consumidor final, obligando a las empresas distribuidoras a brindar mantenimiento de los cilindros de consumo popular y la cancelación de indemnizaciones y gastos generados por la muerte de personas y destrucción de viviendas a causa de explosiones por fuga de gas, además de obligarles a troquelar sus tambos para su identificación.
En la actualidad circulan en el país aproximadamente ocho millones de cilindros de consumo domiciliar, de los cuales el 10% ya no son funcionables y son considerados bombas de tiempo en igual número de hogares.