Los trabajadores y jubilados de la Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal, han sido víctimas de violación a sus derechos económicos y sociales, pues la Comuna les adeuda un total de 23 quincenas de salarios, cuatro años de vacaciones, 21 meses de tiempo extra y el 50 por ciento del aguinaldo correspondiente al 2011.
Hemos sido burlados por las administraciones municipales de Noel Vargas (2004-2008) y David Pineda Acevedo (2008-2012), quienes utilizaron como argumento que la comuna sólo genera gastos y no ingresos, con lo que retuvieron los salarios y prestaciones de las y los trabajadores y jubilados, denunció el Comité Ejecutivo de la referida organización laboral.
Silvia Lorena Renderos, secretaria general del sindicato de trabajadores de la Comuna, dijo a Cerigua que 294 empleados y 125 jubilados y sus familias se encuentran en una situación precaria, vulnerados en sus derechos a la alimentación, a la salud y a la educación, entre otros, al referirse a que muchos no cuentan con los recursos necesarios para la inscripción de sus hijos e hijas para el ciclo lectivo 2012, así como para la compra de útiles.
La actitud de las administraciones municipales referidas ha creado un ambiente de preocupación y desconfianza; sin embargo, mantienen la esperanza de que José Antonio López Arévalo, quien el pasado 15 de enero tomó posesión como jefe edil 2012-2016, resuelva la deuda que tiene la comuna con la clase trabajadora y jubilados; además de que no se acumulen nuevamente salarios caídos y el pago de prestaciones.
Por su parte, Carlos Martínez, representante de la Asociación de Jubilados Municipales de Puerto Barrios, manifestó que es injusto que se prive del derecho que les asiste a quienes dejaron su vida trabajando durante años para esa comuna, sin tomar en consideración que por su edad en ninguna empresa los contratan y por su condición física ya no pueden desempeñar actividades que requieran esfuerzo físico.
Finalmente, el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Municipales señaló que la mesa de diálogo para tratar la conflictividad que se instaló desde octubre a la fecha ha dado importantes logros, aunque la situación no ha sido resuelta, por lo que esperan continuar con el proceso ante las instancias correspondientes, hasta que les sean restituidos los derechos violentados.