El cambio de régimen de gobierno siempre despierta o alienta la posibilidad de cambios fundamentales en las relaciones de poder, en las estructuras sociales, en la conducción económica, en la polí­tica exterior, en la conformación del Estado y en otras cuestiones mayormente angustiantes como la violencia diaria y la criminalidad común y ni hablar del crimen organizado y el narcotráfico.

Sin embargo, la investigación de Plaza Pública del lunes 16 lo devuelve a uno al piso inmediatamente, le estruja el corazón y lo dejan con un enorme desaliento sobre el destino de este paí­s.  La referida investigación, devela con cruda realidad y con datos precisos derivados de entrevistas directas y sustentados en cables de la propia Embajada de los Estados Unidos, filtrados por WikiLeaks, una de las expresiones más dolorosas de las relaciones laborales de producción, así­ como de las condiciones en que sobreviven grandes contingentes de trabajadores de las fincas de azúcar, en este caso, nada menos, un connotado dirigente sectorial, empresario y exportador, pero que detrás de este perfil tan reconocido por la sociedad, esconde una de las perversiones más inhumanas cuando se ilustra con claridad el trato cuestionable que se hace de los trabajadores de su finca, quienes cuentan el esfuerzo que significa alcanzar la cuota de dos toneladas para que les paguen Q20.00 por cada una; o sea un máximo diario de Q40.00; que ni siquiera llega a alcanzar el salario mí­nimo en la agricultura, tal como lo demanda la Ley e indican también los trabajadores que con la ayuda de sus hijos consiguen duramente alcanzar la tercer tonelada.

Pero para mayor dolor, el contratista o coyote se queda con un monto determinado y en algunas fincas todaví­a les cobra la comida a sus trabajadores. Una realidad que nos golpea en la cara, pues en pleno siglo XXI, en donde la lógica del mercado se impone, en Guatemala, todaví­a las relaciones laborales en la agricultura descansan en la explotación, la irracionalidad y la mayor actitud inhumana en contra de sus propios trabajadores.  Evidentemente, esto no es nuevo, estas actitudes se han mantenido a lo largo de varios siglos, sin que el Estado y sus instituciones hagan algo para modificarlas y la sola publicación de este artí­culo de Plaza Pública deberí­a ser suficiente para que el Ministerio Público actúe de oficio en contra de estas personas

Ningún paí­s, ninguna sociedad, ninguna persona, ningún empresario decente, ningún funcionario del Ministerio de Trabajo y del Ministerio Público podrí­a permanecer ajeno a esta denuncia pública, porque ninguna sociedad deberí­a permitir que se actúe en contra de los derechos fundamentales de cualquier persona, mucho menos de aquellos campesinos más vulnerables y menos favorecidos con el desarrollo social del paí­s.  Esto llama a la reflexión, invita a la sociedad a exigir a sus autoridades que esto no debe ocurrir en nuestro paí­s y se sabe, aunque nadie lo dice, que esta es una práctica recurrente por dueños de fincas de azúcar y café; obliga a las autoridades de gobierno a actuar decididamente en contra de estas prácticas laborales feudales; debe hacer pensar a los empresarios que estas actitudes no contribuyen a modernizar la agricultura, y que esta actividad productiva no sólo debe premiarse, ni verse, ni circunscribirse a mostrar únicamente las cifras indiscutibles de crecimiento, productividad, producción y exportaciones; ni mucho menos a querer demostrar que pagan impuestos -esta es su harta obligación como la de todos los ciudadanos responsables-; no señores, la modernización de la agricultura pasa también por relaciones laborales decentes; en donde a las personas trabajadoras se les trate como seres humanos; en donde se paguen los salarios mí­nimos que la Ley establece; se les dote de raciones gratuitas y suficientes de comida; en donde los trabajadores tengan las condiciones dignas de vivienda; en donde no se permita que los niños trabajen junto a los padres; sino les provean de escuelas para que estudien mientras sus padres trabajan; se creen institutos técnicos de especialidades técnicas; se les otorgue salud integral y se acaben con esas relaciones laborales inhumanas que constituyen abominables y condenables muestras de cómo una sociedad no debe funcionar y de cómo un empresario no debe actuar. Relaciones laborales tales como las señaladas, ilustradas valientemente por Plaza Pública son inmorales, ingratas y feudales.