El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció ayer un plan con el que busca evitar la infiltración del narcotráfico en sus filas rumbo a los próximos comicios presidenciales, luego de que en los últimos meses algunos sectores han manifestado sus preocupaciones de que el crimen organizado interfiera en el proceso electoral.
El plan del partido PRI, que encabeza las encuestas para los comicios presidenciales de julio, considera solicitar a las autoridades federales informes sobre si sus precandidatos a cargos populares tienen antecedentes penales o son investigados por hechos delictivos.
También incluye la creación de una comisión interna que vigilará que el financiamiento no sea ilegal.
Cuando se determine que algún precandidato o aspirante está vinculado con el crimen organizado se le negará o cancelará su registro, además de que sería denunciado ante las autoridades competentes, informó en rueda de prensa el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell.
El PRI es el primer partido político que formalmente anuncia un plan para buscar un blindaje a la interferencia del narcotráfico.
Jorge Chabat, experto en temas de narcotráfico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo a la AP que si bien son pasos positivos, las medidas anunciadas por el PRI «no garantizan al 100%» que el narcotráfico no se infiltre.
«Muchas veces si alguien se involucra en actividades ilícitas, no necesariamente tiene antecedentes penales. Sería más eficiente si aplicaran exámenes de control de confianza», dijo el académico en referencia a diversas pruebas (incluidas de poligrafía) que actualmente se hacen en corporaciones policiales para depurarlas.
Coldwell dijo que el plan será propuesto esta semana al Consejo Político Nacional del Partido, un órgano que reúne a miembros de diversos sectores, gobiernos estatales y el congreso.
«Al PRI le interesa contar con candidatos de probidad y que cuenten con financiamiento legal», dijo Coldwell.
Refirió que la comisión que se propone que vigile el financiamiento de las campañas del PRI también va a solicitar las declaraciones patrimoniales a cada precandidato, quienes también deben manifestar por escrito, «bajo protesta de decir verdad», que no tiene vínculos con el crimen organizado.
«Los hechos demuestran la necesidad de blindar lo más pronto posible las elecciones de 2012, para protegerlas de la injerencia del crimen organizado, del dinero ilícito y de la violencia», señaló Coldwell.
Chabat consideró que los partidos deberían considerar aplicar pruebas de control de confianza al menos a algunos de los principales candidatos, incluidos los aspirantes a la presidencia, a gobernadores y a legisladores federales, lo cual incluso les podría redituar a su favor.
«Si algún partido quiere ganar votos podría anunciar que sus candidatos a los puestos más importantes están certificados con controles de confianza y polígrafos», dijo.
Varias zonas de México se han visto afectadas en los últimos años de la violencia atribuida al narcotráfico y el crimen organizado, que incluso ha sido señalado de atentar contra algunos candidatos y de intentar influir en los resultados de comicios locales.
En 2010, el candidato del PRI y favorito para ganar la gobernación del estado norteño de Tamaulipas, Rodolfo Torre, fue asesinado presuntamente por miembros del crimen organizado, aunque hasta ahora no se ha esclarecido uno de los crímenes de más alto impacto relacionado con algún candidato.
El gobierno del presidente Felipe Calderón ha llamado en los últimos meses a todos los sectores del país a «cerrar filas» para evitar cualquier interferencia del crimen organizado rumbo a los comicios presidenciales de julio.
Autoridades federales han señalado que el narcotráfico buscó influir en los resultados del proceso electoral para renovar el gobierno del estado occidental de Michoacán, otro de los lugares afectados por la violencia de los carteles de las drogas.
Como ejemplo, el gobierno ha citado que la víspera de los comicios de noviembre el crimen organizado divulgó un desplegado en una diario local de la municipalidad de La Piedad, para amenazar a simpatizantes del oficialista Partido Acción Nacional (PAN).
El candidato del PRI, Fausto Vallejo, ganó las elecciones a gobernador de Michoacán, aunque sus rivales impugnaron los resultados y han denunciado que el narcotráfico operó a favor de aquel partido, que ha negado esos señalamientos.
En segundo lugar quedó Luisa María Calderón, candidata del PAN y hermana del presidente.
El PRI, que gobernó de manera ininterrumpida México de 1929 al 2000, aparece en diversas encuestas como favorito para recuperar la presidencia en las elecciones del 1 de julio.
Bajo fuego de narcos
Los helicópteros de fuerzas federales mexicanas han sido atacados en 28 ocasiones durante los cinco años de la lucha contra el narcotráfico emprendida por el gobierno del presidente Felipe Calderón, según documentos oficiales divulgados hoy.
En los primeros dos años de la lucha contra el narcotráfico, la Fuerza Aérea, la Marina y la Procuraduría General de la República reportaron que no hubo ningún ataque, pero a partir de 2008 la situación cambió.
Los reportes oficiales señalaron que en 2008 cuatro helicópteros fueron alcanzados por disparos, lo cual dejó a un oficial a bordo herido; en 2009, seis más fueron atacados en los rotores, puertas laterales e incluso en el compartimiento del motor, aunque todas las aeronaves al parecer pudieron aterrizar.
El año 2010 fue el peor año, con 14 helicópteros atacados y un miembro de la tripulación herido. Algunos equipos recibieron hasta siete impactos de balas que tocaron parabrisas, fuselaje y rotores.
En 2011 sólo se reportó que tres helicópteros fueron alcanzados por disparos, aunque el número podría ser mayor: la Policía Federal no divulgó información sobre los ataques a sus aeronaves, aunque hace unos meses informó que el 24 de mayo dos agentes fueron heridos cuando eran transportados en uno de sus helicópteros que fue atacado por sicarios en el estado occidental de Michoacán.
La información de los ataques a los helicópteros fue requerida por el diario Milenio a través de una solicitud de información pública. The Associated Press tuvo acceso a los documentos el lunes.
Grupos del narcotráfico han sido señalados en el pasado de colocar cuerdas sobre plantíos de amapola y marihuana para intentar derribar helicópteros militares y policiales.
En 2003, en lo que las autoridades dijeron entonces que fue el primer ataque fatal de su tipo atribuido a narcotraficantes, hombres armados que resguardaban una plantación de amapola derribaron dos helicópteros de la policía y ocasionaron la muerte de los cinco agentes a bordo.
Ese tipo de ataques, sin embargo, eran poco frecuentes.
El aumento de los atentados contra las aeronaves muestra la mayor ferocidad de los grupos del narcotráfico y también respalda la reciente afirmación del gobierno que el 2010 ha sido el peor año en la espiral de violencia atribuida al crimen organizado.
Los asesinatos atribuidos al crimen organizado se incrementaron 11% en los primeros meses del 2011, cuando se registraron 12.903 asesinados, en comparación con los 11.583 del mismo periodo del 2010, según estadísticas divulgadas hace unos días por la Procuraduría General de la República (PGR).
La tasa de crecimiento, sin embargo, se disparó un 70% en los primeros nueve meses de 2010, respecto al mismo periodo de 2009.
También el lunes, autoridades informaron que siete pistoleros murieron en un enfrentamiento con policías federales en una carretera de las inmediaciones de la ciudad de Cuernavaca, al sur de la capital del país.
La Procuraduría de Justicia del estado central de Morelos informó en un comunicado que tras el enfrentamiento fue capturado uno de los presuntos agresores y un policía federal resultó lesionado en un pie.
La autoridad estatal afirmó que los pistoleros pertenecían a la delincuencia organizada, aunque no precisó a qué grupo.
En Morelos, cuya capital es Cuernavaca, las autoridades han reportado disputas entre remanentes del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
Luego de que el capo Arturo Beltrán Leyva murió a manos de la Armada en diciembre del 2009 en Cuernavaca, la zona ha padecido en varios momentos enfrentamientos tras una división de facciones de su cartel.
El mismo lunes, el procurador de justicia de la Ciudad de México dijo que las dos personas encontradas decapitadas dentro de una camioneta incendiada en la entrada de un centro comercial la semana pasada habían sido secuestradas un día antes y no tenían antecedentes penales.
Jesús Rodríguez Almeida, procurador de justicia de la capital, dijo que las víctimas eran una secretaria de 19 años que laboraba en una estación de radio estatal (Radio Educación) y su novio de 28 años que vendía electrodomésticos.
Los cuerpos descabezados fueron encontrados en el barrio acaudalado de Santa Fe, aunque Rodríguez dijo que fueron asesinados en otro sitio. El motivo de los asesinatos se desconoce, pero el patrón es común entre las pandillas de narcotráfico mexicanas.