Pese a haber un artí­culo de la Ley de Registro de Terminales Telefónicas Móviles Robadas o Hurtadas que establece que debe haber una Base de Datos de Teléfonos Robados (BDTR) con acceso público, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), reconoce que esto no se cumple en la práctica.

Alfredo Mansilla, de la oficina de comunicación de la SIT, expresa que esta institución es un ente “eminentemente técnico” y que “aplaude” cualquier iniciativa en la que converja el objetivo la reducción de robos de los dispositivos móviles, no obstante, al dí­a de hoy no se cumpla con la disposición contenida en el artí­culo 3 de la ley.

Mansilla manifestó que “aquí­ (en la SIT) como no tenemos computadoras por el robo que sufrimos, entonces no me puedo meter (a la BDTR) así­ tan fácil, porque no tengo conexión a internet”. Arguentó además que para que la BDTR esté a disponibilidad del público, como la ley lo obliga, hace falta una plataforma electrónica, que aunque la ley está por cumplir cinco años de vigencia, aún no se tiene para que los usuarios afectados por el robo de su celular consulten su Número de Identidad de Equipo Móvil Internacional (IMEI).

Aseguró que la SIT lleva el registro de esos robos, mediante la BDTR, y que se nutre con la información que todos los operadores de telefoní­a móvil deben entregarle.

Por lo tanto, Mansilla reconoce que el referido artí­culo “no se ha cumplido”.

Por su parte, el presidente de la Gremial de Telecomunicaciones, adjunta a la Cámara de Industria, Sergio Hernández, se prunició al respecto arguentando: “no he leí­do con detalle la ley para decirle si esa base de datos (la BDTR) es de uso público, pero de nuestra parte, como gremial y operadores de telefoní­a estamos cumpliendo dí­a a dí­a, alimentando la BDTR, los tres operadores, con todas las denuncias que se reciben (…) y se enví­a directamente a la SIT”.

Diario La Hora tiene documentada una denuncia de un caso en el que un operador, pese a haber recibido la denuncia, no bloqueo el aparato y el mismo se encuentra en total funcionamiento.

CLAMOR

Ayer, varias organizaciones de la sociedad civil se unieron para dar impulso a la iniciativa de ley 4306, “ley de registro móvil para la prevención del robo de celulares y la extorsión”, para que las autoridades que están por asumir la conducción del Estado lo tomen como prioridad.

En ese sentido, lar organizaciones señalan que el año pasado el robo de teléfonos móviles fue de 30 mil, lo que hace un promedio diario de aproximadamente 80 celulares robados, a los que habrí­a que agregar la cantidad no denunciada por las ví­ctimas.

Agregan que esos teléfonos fueron despojados de distintas formas, entre las que destacan asaltos violentos, lo que causa que las personas agredidas mueran en el incidente o queden heridas y traumatizadas.

La Gremial de Telecomunicaciones ha manifestado que esa ley no es necesaria, que basta con la actual y que de aprobarse, generarí­a problemas para los usuarios.