La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la OEA alertaron hoy en Bruselas de que los paramilitares siguen actuando en Colombia a pesar del proceso de desmovilización, y varios europarlamentarios denunciaron incluso la «creciente» paramilitarización del país.
«Es creciente la paramilitarización de la sociedad y las instituciones», afirmaron en una declaración los organizadores de la Segunda Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Colombia, que reunió el martes y miércoles en Bruselas a parlamentarios europeos, organizaciones internacionales y miembros de la sociedad civil colombiana para presentar salidas al conflicto en ese país.
Estos grupos «mantienen el control militar en varias regiones del país, han ampliado su influencia política, ejercen control sobre diversas e importantes actividades económicas y continúan usufructuando las posesiones usurpadas mediante las armas», estimaron en este texto varios diputados europeos de izquierda y las organizaciones no gubernamentales OIDHACO y CCEEU.
«Grupos nuevos están sustituyendo a las AUC», las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, advirtió Víctor Rico, director de prevención de crisis de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La ONU está «preocupada» por el actual proceso de desmovilización paramilitar porque algunos de sus miembros «no han sido desmovilizados, otros se han rearmado, existen fuertes vínculos» con el narcotráfico y además no se está respondiendo al derecho de reparación de las víctimas, relató María Francisca Ize-Charrín, directora de programas del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
De la misma forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su inquietud por la ley de Justicia y Paz a la que se han acogido los paramilitares desmovilizados tras un acuerdo en 2006 –que contempla una pena máxima de sólo ocho años para los dirigentes de ese movimiento–, ya que parte de ella fue declarada inconstitucional.
«Los defectos de la desmovilización son obstáculos para la paz», estimó Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH.
Amnistía Internacional también se dijo «preocupada» por este proceso, recordó Susan Lee, directora para América de la organización no gubernamental, porque «no garantiza la plena participación de las víctimas, no asegura la desmovilizacicón efectiva ni ofrece plena reparación a las víctimas», y no se castigan los crímenes, por lo que habló de «farsa».
Lee denunció que gran parte de la riqueza de los paramilitares se ha basado en el «robo de tierras» a personas ahora desplazadas, y que los paramilitares se comprometieron a devolver todas las tierras obtenidas ilegalmente, «pero no lo han hecho y ponemos en duda que lo hagan».
«Nos preocupa que la comunidad internacional no se pronuncie al respecto y que la UE ha suavizado su postura respecto al proceso de desmovilización», lamentó.
La declaración emitida tras la conferencia denuncia en general la situación de violaciones de derechos humanos en Colombia, concretamente los secuestros a manos de las guerrillas y la impunidad de que gozan todos los grupos armados y las fuerzas del Estado.
Por eso se llama al gobierno colombiano a garantizar el desmantelamiento de los paramilitares y a firmar un acuerdo humanitario con la guerrilla de las FARC antes de una solución política negociada al conflicto.