La organización mapuche acusada por el gobierno de haber causado un voraz incendio forestal donde murieron siete brigadistas negó el martes su responsabilidad en el hecho, mientras el opositor presidente del Senado anticipó que denunciará al gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por supuesta discriminación.
Tras la propagación a comienzos de la semana pasada de incendios forestales en dos regiones del sur del país, el presidente Sebastián Piñera dijo que su gobierno tenía antecedentes de que los siniestros fueron intencionales.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, fue más directo y acusó a la organización mapuche radical Coordinadora Arauco Malleco (CAM) –que ha sido acusada de causar incendios de haciendas reivindicadas por los indígenas y de atacar y quemar camiones madereros– de estar tras el origen de las llamas. Se basó en que la organización había reivindicado días antes la quema de un helicóptero que combatía incendios forestales.
En una declaración emitida desde la prisión donde cumple 25 años de reclusión por un atentado a un fiscal y por robo, Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, sostuvo enfáticamente que «la CAM no tiene relación alguna con los hechos ocurridos» en una hacienda de la localidad sureña de Carahue, donde perecieron los siete brigadistas que combatían las llamas.
Pero el comunicado reivindicó el derecho de los mapuches a la propiedad de las tierras incendiadas señalando que «son territorio ancestral mapuche usurpado por el empresariado forestal».
Agregó la declaración que «lamentamos profundamente la muerte de gente pobre, de jóvenes trabajadores víctimas también del sistema económico que laboraban en condiciones deplorables con salarios míseros y sin las más mínimas condiciones de seguridad».
Llaitul, un trabajador social, señaló que la acusación de Hinzpeter obedece a la decisión del gobierno de aplicar la severa ley antiterrorista a las comunidades mapuches que reivindican las tierras que aseguran les fueron usurpadas.
El presidente del Senado, el centroizquierdista Guido Girardi, criticó la aplicación de esa ley a los mapuches y señaló que la acusación de terrorismo es a todo el pueblo mapuche, no sólo a la organización radical. Anunció junto con su camarada de partido y senador Jaime Quintana que interpondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el gobierno.
«Este gobierno está actuando con una discriminación racial inaceptable. Este gobierno se está poniendo en la frontera de la violación de los derechos humanos», sostuvo Girardi.
Por su parte, la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile (Confech) entregó en la sede de gobierno una carta pidiendo la renuncia de Hinzpeter.
Gabriel Boric, presidente de los estudiantes de la Universidad de Chile, informó que a juicio de los dirigentes estudiantiles «el ministro Hinzpeter se ha constituido en obstáculo para la libertad de expresión y ha criminalizado no sólo al movimiento estudiantil, sino al pueblo mapuche».
Agregó que «resulta inaceptable que el ministro califique de terrorista un incendio sin que antes se realice una investigación».