ADEMíS SE PRETENDE ADOPTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN JUZGADOS Y HABITACIONES DE LOS JUZGADORES
Trabajar frente a frente con peligrosos criminales, revisar procesos de relevancia mediática, dictar cuestionables y a veces incomprendidas sentencias, y así ser el foco de atención en el sector justicia, son algunos de los retos que enfrentan a diario los jueces de lo penal en judicaturas que conocen casos de alto impacto.
Debido a su vulnerabilidad, ahora está por arrancar un programa de seguridad financiado con los fondos obtenidos con el procedimiento de extinción de dominio, pero aún queda pendiente un importante trabajo que permita, por fin, garantizar su tranquilidad y asegurar los medios para que puedan operar con imparcialidad.
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Los 1.4 millones de quetzales en efectivo que han sido incautados hasta el momento al crimen organizado y narcotráfico, a través de los procedimientos establecidos en la Ley de Extinción de Dominio (LED), serán utilizados, en parte, para financiar un programa de seguridad personal dirigido principalmente a jueces de lo penal, y con prioridad para los que conocen casos de alto impacto.
La seguridad a jueces y juezas del Organismo Judicial es importante para los magistrados en el 2012, coincidieron los togados en una reunión sostenida la semana pasada, por lo que acordaron dirigir fondos a un programa de seguridad con el que se espera ofrecer tranquilidad a los operadores de justicia y así, lograr que su actuación sea respondiendo únicamente al interés de facilitar la independencia de su labor.
El primer desembolso de fondos LED será de Q5 millones, 949 mil 307.42 (US$760 mil 781), de los cuales el Organismo Judicial recibirá Q1 millón 487 mil 326.86, que corresponden al 25 por ciento.
Por otro lado, el Ministerio Público obtendrá Q1 millón 189 mil 861.48 –20 por ciento–, y el Ministerio de Gobernación Q1 millón 70 mil 875.34 –18 por ciento–. La Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio recibirá Q892 mil 396.11 –15 por ciento–, y la Procuraduría General de la Nación, Q118 mil 986.15 –el 2 por ciento–.
Ya con los fondos, el reto del OJ será diseñar un plan estratégico que responda de forma efectiva a las amenazas que enfrentan los juzgadores, y que a la vez atienda las necesidades específicas de cada uno.
La seguridad será personal, de acuerdo con el magistrado César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la primera tarea será identificar las necesidades y riesgos específicos. La tarea implica un amplio conocimiento de riesgos, amenazas y seguridad integral.
Esto significa que en las casas y oficinas de los jueces deberán tomarse algunas medidas básicas, como instalar cámaras de vigilancia en áreas cercanas; pero si tiene necesidades particulares, como un vehículo seguro, seguridad personal o compañía para su familia, también tendrá que considerarse. “Hay que determinarlo dependiendo de las causas de cada unoâ€, refiere Barrientos.
Hasta que el plan esté terminado y funcionando efectivamente, entonces los jueces tendrán tranquilidad.
FONDOS URGENTES
“Como estamos ante una necesidad inmediata, la Cámara Penal, con el aval de la presidenta, pidió al Pleno de la CSJ que los fondos que se captaran por la Ley de Extinción de Dominio y que correspondieran al Organismo Judicial se invirtieran en seguridad de juecesâ€, explica Barrientos.
De esa manera, asegura el magistrado, al tener los recursos de forma inmediata se podrá empezar a resolver situaciones urgentes de jueces que necesitan seguridad personal, algunas medidas de protección en su casa, en sus vehículos o mejorar las instalaciones de tribunales.
Barrientos asegura que la seguridad será para todos los impartidores de justicia, ya que hay procesos muy serios y los jueces viven bajo ciertas presiones o intimidaciones y “nosotros queremos apoyar a que ellos puedan trabajar con tranquilidad para que gocen su independencia judicial, para que no tengan trabas en la aplicación de independencia judicial ni presiones y solo resuelvan conforme lo actuado en el procesoâ€.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Thelma Aldana, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, indicó que la seguridad de los jueces es una prioridad que tiene el Organismo Judicial, pero “no es solo responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, sino que también del Ministerio de Gobernaciónâ€, y por ello tendrán acercamientos con el presidente electo, Otto Pérez Molina y el Ministro de Gobernación, para que se mantenga el seguro de vida.
Los primeros acercamientos se podrían estar llevando a cabo en los próximos días, aseguró Aldana, para coordinar y definir las medidas que se estarán aplicando para brindarle la protección adecuada a los jueces y juezas del Organismo Judicial, destacó la funcionaria.
Pérez Molina indicó que la semana pasada, junto a los magistrados, abordaron el tema de la seguridad para jueces e informó que el ministro de Gobernación designando, Mauricio López, ya se reunió con el secretario general de la CSJ, Joaquín Flores, con quien platicó sobre la coordinación que existirá para proteger a los juzgadores.
El Presidente electo reconoció que la cartera del Interior no cuenta con todos los recursos para hacerse cargo completamente de la seguridad de los jueces, por lo que harán una revisión minuciosa del presupuesto a fin de explorar la posibilidad de otorgar más recursos al sector justicia.
RIESGOS
Recientemente, el juez Eduardo Cojulum fue víctima de un atentado; dijo que durante media hora lo siguieron dos autos cuyos ocupantes le estaban disparando.
El juez Cojulum expresó que cree que el ataque iba dirigido contra él específicamente, aunque no sabía quién estaba detrás.
En 2011, la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial tuvo conocimiento de entre 8 a 10 jueces amenazados, de acuerdo con su presidente, Carlos Aguilar.
A principios del año pasado se registró la muerte del juez Eddy Cáceres, juez Civil de San Benito, Petén.
Según Aguilar, hubo varias amenazas y atentados en contra de jueces, entre ellos dos o tres que sufrieron agresiones, algunos en sus casas, mientras que un juez de Paz de Zacapa sufrió un atentado cuando se conducía en su vehículo; por ello, fue trasladado inmediatamente a la ciudad capital por la Corte Suprema de Justicia, aseguró.
Mientras tanto, en el último mes del año 2011, vecinos de la comunidad Victoria 3 de Champerico, Retalhuleu, retuvieron a cuatro personas, entre ellos, al magistrado presidente de la Sala de Apelación de Retalhuleu, Otto Cecilio Mayén Morales, luego que el vehículo oficial en el que se conducían atropelló a tres personas que iban en motocicleta.
Ante estos ataques, a petición de la Asociación, de acuerdo con Carlos Aguilar, desde el 2010 y con el año 2011 entró en vigencia un seguro de vida para todos los jueces y magistrados del OJ.
“Es un seguro de vida de 150 mil quetzales, incluyendo desde juez de Paz, juez de Primera Instancia, Magistrados de Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justiciaâ€, añadió Aguilar.
En el 2011, la respuesta a la búsqueda de recursos para dar seguridad a operadores de justicia llegó de parte de la comunidad internacional. Durante la gestión del presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Luis Archila, países amigos desembolsaron $1.8 millones para la compra de 30 vehículos blindados y $320 mil para implementar la segunda etapa de un plan de seguridad.
La segunda etapa del programa de seguridad consiste en la implementación de protocolos, reglamentos y normas, así como la adquisición de equipo y entrenamiento de personal. También se determinarán las atribuciones y los perfiles de los agentes que integren el cuerpo de seguridad de este organismo.
En el aeropuerto internacional La Aurora se han incautado más de US$700 mil en los últimos meses.
El dinero en efectivo incautado ya ha sido conocido por la Ley de Extinción de Dominio (LED), y de acuerdo con la Comisión Nacional de Extinción de Dominio los primeros montos se han repartido a cinco instituciones del sector de justicia.
El último traslado fue de US$290 mil 790 –unos Q2.2 millones– que fueron confiscados a tres hombres que intentaron sacarlo por el Aeropuerto Internacional La Aurora. Para ello, el juez emitió tres sentencias: en el primer caso se le decomisaron US$80 mil 13 a Ricardo Efraín Diéguez García, que intentaba sacarlos a Panamá. En el otro, US$200 mil 180 a í‰dgar Eduardo Domínguez –quien iba al mismo país– y Alexánder Cabalceta, con US$12 mil 597, a Costa Rica.
César Barrientos
Magistrado