Los expertos del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, luego de una serie de informaciones inexactas tratando de encubrir la realidad de los apagones, terminaron por aceptar que el problema está en que llegaron al final de su vida útil los transformadores de Chixoy y que esperan la visita de técnicos para evaluar cómo están los que aún no han fallado para determinar qué hacer. No hay que ser experto para decir que en cualquier empresa se tiene que hacer previsión para ir sustituyendo a tiempo aquellos aparatos que están próximos a llegar al final de su vida útil.

En otras palabras, volvemos a estar frente al problema de falta de previsión de las autoridades con efectos tremendos para toda la población. Es una constante que nuestras instituciones descuiden por completo todo lo que tiene que ver con mantenimiento preventivo, dejando que el deterioro llegue a hacer crisis, lo que hace más costosa cualquier medida para corregir la situación. Se sabe que ese tipo de transformadores tienen una vida útil y por lo tanto en cualquier empresa bien administrada tendrí­a que existir ya un plan para la reposición de las partes que están por llegar al final de su ciclo de utilidad, pero en nuestro paí­s nunca se da eso en el Estado y todos lo vemos como muy natural.

Ahora se nos dice que no pueden garantizar la continuidad en el suministro de energí­a en los próximos meses porque tienen que adquirirse los nuevos transformadores que han de sustituir a los dañados. Por qué diablos, nos preguntamos, no hicieron previsiones para ir haciendo las compras poco antes de que se llegara al daño irreparable de esos transformadores. Si la explicación de los técnicos es cierta y se trata de un problema derivado del agotamiento natural, podemos decir, de partes vitales del equipo de transformación de energí­a, se trata de algo que pudo haberse previsto con una eficiente administración.

Esa incapacidad y sobre todo esa irresponsabilidad de los funcionarios es lo que alienta la idea generalizada de que lo privado es mejor que lo público, porque cualquier gerente encargado de mantener el equipo en una empresa privada se irí­a despedido ante un error de este calibre. En el Gobierno los errores no provocan sanción alguna y la irresponsabilidad menos, por lo que cada empleado público, de cualquier categorí­a, puede vivir tranquilo sabiendo que si algo falla, que si se interrumpe un servicio vital como el eléctrico, él podrá no sólo seguir viviendo tranquilamente sino devengando sin sobresaltos su sueldo.

Es tiempo de que vayamos poniendo atención a esas deficiencias porque no es justo que los funcionarios no sólo no hagan obra, sino que descuiden la existente. Así­ es esta nuestra Guatemala donde emprendemos poco y no cuidamos nuestros haberes. A lo mejor son descuidos maliciosos para quedar bien con los generadores privados y dejar abierta la puerta para ser contratados cuando cambie el gobierno.