El tema de la deuda flotante, en el que el gobierno entrante ha sido inquisitivo a partir de la exigencia de Eduardo Stein para que se conozca su monto y origen, constituye sin duda alguna un reto directo para la Fiscal General Claudia Paz y Paz porque está tipificado claramente el delito de malversación al generar deuda mediante contrataciones que no tienen asignación presupuestaria y eso se viene haciendo desde hace mucho tiempo y la investigación no se puede quedar únicamente en la generada por este gobierno sino que hay que ir para atrás hasta donde sea posible y así­ castigar a los malversadores.

No se puede esperar que la Contralorí­a de Cuentas aporte datos, sobre todo luego del burdo soborno que este gobierno les dio a los principales funcionarios, pero el Ministerio Público debe proceder contra esa dependencia por incumplimiento de deberes y omisión de denuncia, puesto que a lo largo de unos tres lustros se han hecho de la vista gorda con la maniobra que permite a funcionarios asignar dinero a proyectos y contrataciones no presupuestadas, lo cual va contra los principios legales que establecen el manejo de los fondos públicos que está sujeto a una aprobación legislativa.
 
 Esta mañana el mismo Colom dijo que su gobierno se dio cuenta de la situación cuando llegó al actual ministro de Finanzas, señor Del Cid Pinillos, aunque por lo que he leí­do de Edgar Balsells, fue él quien advirtió del grave problema al Presidente de la República. El caso es que Colom dice que dieron instrucciones para indagar y para contener la generación de la deuda, pero eso serí­a en el último año y, de todos modos, se generó deuda flotante al punto de que no se puede determinar siquiera el monto a pesar de los requerimientos formales que ha hecho el gobierno que está por asumir.
 
 La deuda flotante constituye la punta del iceberg de la corrupción y por ello es que el Ministerio Público y su titular, la Fiscal General Claudia Paz y Paz, no pueden obviar su responsabilidad en seguir las investigaciones que hagan falta para esclarecer los hechos y castigar a los que incurrieron en delito en el manejo de los fondos públicos. Toda deuda contraí­da sin que exista el respaldo presupuestario del caso, genera una malversación de conformidad con lo que establece nuestra ley y mediante la deuda flotante se ha manejado constantemente así­ el dinero de los contribuyentes por lo que no se puede posponer la investigación al respecto.
 
 Es una pena que durante estos lustros la Contralorí­a de Cuentas no haya dicho ni pí­o respecto a la siempre inflada deuda flotante que ha sido cubierta por los gobiernos pese a su espurio origen. Es una pena que, como premio a la incapacidad de la entidad, se les haya dado un aumento de sueldo a todos los funcionarios, pero que a la Contralora actual se le haya elevado el salario a setenta mil quetzales al mes.
 
 Siempre he pensado que quien está a cargo de la auditorí­a y control financiero tiene que ser un funcionario bien pagado para evitar tentaciones con mordidas, pero cuando resulta que el ente controlado le despacha un salario duplicado al contralor, la suspicacia tiene toda la lógica del mundo y se justifica plenamente. ¿Por qué la Contralorí­a de Cuentas no ha denunciado a ninguno de los funcionarios anteriores que generaron deuda flotante contratando con entidades sin que existiera respaldo presupuestario?
 
 Por ello digo que el MP tiene la responsabilidad de investigar no sólo a esos funcionarios sino a los que por mandato constitucional tení­an que controlarlos y fiscalizarlos. La deuda flotante es una caja de Pandora y si la abre, encontrarán que está llena de porquerí­a.