La Corte de Apelaciones de Nueva Orleans (Luisiana, sur) rechazó anoche el pedido del Gobierno de Estados Unidos de mantener detenido al anticastrista Luis Posada Carriles, a la espera de su juicio por fraude migratorio en mayo, informó este miércoles una fuente judicial.
«La corte rechazó la petición y cerró el caso», explicó a la AFP una fuente del tribunal de Luisiana, después que los jueces rechazaran el pedido del Gobierno estadounidense de suspender la medida de libertad condicional otorgada a principios de mes a Posada Carriles por una juez federal de Texas (sur).
Después de esta decisión judicial, el Gobierno norteamericano agotó los recursos para impedir la liberación del anticastrista en uno de los dos casos que enfrenta, a la espera de su juicio el próximo 11 de mayo por fraude migratorio y falso testimonio.
Posada Carriles, de 79 años de edad, inculpado en Venezuela por un atentado contra un avión cubano que dejó 73 muertos en 1976, enfrenta dos casos distintos en Estados Unidos.
Primero, el de fraude migratorio y falso testimonio por mentir en una solicitud de ciudadanía al decir que entró ilegalmente al país por la frontera con México en 2005, cuando supuestamente lo hizo por barco. El segundo por entrar ilegalmente a Estados Unidos, por el cual tiene una orden de deportación.
El primer caso se sigue en los tribunales de justicia y el segundo en los tribunales migratorios.
La magistrada Kathleen Cardone, del tribunal federal de El Paso (Texas), ordenó a principios de mes su libertad condicional en el juicio por el primer caso, que tendrá lugar el próximo 11 de mayo. La agencia de control de Inmigración y Aduanas (ICE) expresó «decepción» con la decisión y apeló.
En una decisión de nueve páginas, Cardone ordenó la liberación del militante previo pago de 350 mil dólares de fianza y bajo arresto domiciliario en la residencia de su esposa en Miami.
Posada Carriles sólo podrá salir de su residencia para citas médicas o con su abogado, y previa autorización del tribunal, y se le dispuso vigilancia con un aparato electrónico, además no podrá tener contacto con nadie involucrado en su caso.
La incógnita ahora es lo que ocurra con su orden de deportación. El año pasado sus abogados alegaron en vano que aunque su cliente tiene una orden de deportación de Estados Unidos, ningún país ha querido recibirlo, por lo tanto debe quedar libre.
Antes de que un juez se pronunciara en torno a los argumentos, y habiéndole pedido al ICE que justificara su detención, el Departamento de Justicia lo acusó por fraude y falso testimonio en enero, y las autoridades migratorias se deshicieron de él y lo entregaron a los alguaciles, quienes lo encerraron en una cárcel de Nuevo México (suroeste).