La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (Udefegua), presentó su informe sobre la situación que enfrentan las personas que dedican su vida a la custodia de esos derechos.

Claudia Samayoa, de Udefegua, expuso que cada año y cada final de gobierno, la institución presenta su informe sobre la situación que vivieron activistas de derechos humanos durante esos perí­odos. En ese sentido, declara que “2011 ha sido el año más violento de los que tiene registro la institución”.

Samayoa agregó que el año pasado hubo 402 agresiones en contra de defensores, lo que representa un aumento de 80 casos respecto de 2010. En total, en el perí­odo de gobierno de ílvaro Colom, la cifra de agresiones contra estos activistas suma 1224. En contraste con el perí­odo de í“scar Berger, cuando fue de 618 y en el de Alfonso Portillo de 338.

Respecto de las causas del aumento de las agresiones, Samayoa apunta que es debido a que “durante el gobierno de Colom no se atendieron las conflictividades históricas de tierra, más bien se reprimió la resistencia comunitaria, se desprotegió a los periodistas, y eso fue clarí­simamente evidente durante las elecciones pasadas”.

También agrega que este Gobierno “fue incapaz de crear un programa de protección para defensores”, por lo que el balance es que “hay muchí­sima debilidad” en esa materia, a pesar de que existen avances en las fiscalí­as con el apoyo de CICIG, donde el 2% de los casos llegaron a la justicia e incluso a sentencia, comparado con los gobiernos de Berger y Portillo, “donde la impunidad era del 100%”, puntualizó.

En 2011 se registraron 19 casos de asesinato en contra de defensores de derechos humanos, de los cuales solamente uno fue esclarecido y sentenciado, que es el del juez Eddy Rodrí­guez Cáceres, de Petén. Según Samayoa, “hay una serie de avances en materia de persecución penal, pero que todaví­a no son suficientes y lo tenemos claro”.

Sobre los mecanismos de protección a defensores, Samayoa comentó que no ha sido posible implementar medidas tales como teléfonos satelitales para comunidades alejadas y expuestas a ataques del crimen organizado, o mecanismos informáticos para resguardo de información porque “no existe un marco legal que lo permita”.

Expuso su preocupación sobre casos de difamación contra defensores de derechos que se dio a finales del año pasado, especí­ficamente la denuncia presentada por Theodore Plocharski, contra 52 supuestos exguerrilleros.

Al respecto de que en el gobierno que está por terminar su perí­odo hay personas que fungieron hasta como directivos de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, y que pudieron contribuir con el tema, Samayoa expuso que “uno hubiera pensado que lo hubieran podido hacer, y nos consta que de Copredeh sí­ hubo un esfuerzo para poder impulsar esto, el problema es que al final el Gobierno es más amplio que el espacio mismo de derechos humanos”.

Pero que una cosa es esa y la otra atender la conflictividad agraria, los estudios de impacto ambiental y el desarrollo rural, entre otras, y “un Ministerio de Gobernación que tampoco ayuda y no colabora”, dijo.

Samayoa concluyó que “la mayor ví­ctima durante este gobierno fueron los sindicatos, con respecto a campesinos en el de Berger”.