A través del Acuerdo Gubernativo Número 522-2011, se reformó un acuerdo anterior, y que finalmente se ordena que se brinde protección policial a las personas que hubieran desempeñado los cargos de Ministros y Viceministros de Gobernación, en un plazo de cinco años.

En el acuerdo anterior, el 445-2000, ya se otorgaba protección policial a los exministros de Gobernación, pero únicamente establecí­a un plazo de un año; la reforma al acuerdo básicamente extiende este perí­odo a cinco años.

El acuerdo entra en vigencia a partir de mañana, por lo que obligarí­a a la Policí­a Nacional Civil (PNC) a que a partir del próximo 14 de enero se ofrezca seguridad a Carlos Menocal, ministro de Gobernación, y a sus viceministros.

Asimismo, se acuerda que se brinde protección por cinco años a los directores de esta cartera, como son los de Migración, Inteligencia Civil y Sistema Penitenciarios, así­ como a los directores y subdirectores de la PNC.

Se establece que la Dirección General de la PNC deberá dotar al personal de seguridad al servicio de los exfuncionarios mencionados en este acuerdo, del equipo mí­nimo necesario para el cumplimiento de su función. Asimismo, obliga que se le asignen tres vehí­culos para la custodia del exministro de Gobernación, dos vehí­culos para los exviceministros y un vehí­culo para el resto de exfuncionarios.

De acuerdo con esta publicación, el exfuncionario podrí­a cesar esta protección policial con una solicitud expresa, pero podrí­a restablecerla, siempre y cuando aún esté dentro del plazo de los cinco años que contempla el acuerdo.

REACCIONES

El mandatario electo, Otto Pérez Molina, indicó que revisará este acuerdo, pues este beneficio no es solo para el ministerio de Gobernación sino también para la Defensa. “Lo que vamos a hacer es revisar todos estos procedimientos y analizar cuál es el riesgo que corre cada uno de ellos”, indicó el futuro funcionario.

Para el próximo gobernante “resulta que los funcionarios que no hicieron bien su trabajo son los que van a estar bien cuidados y el pueblo de Guatemala sigue sufriendo, desprotegido porque los elementos de seguridad se van a cuidarlos a ellos”.

Además, Pérez Molina estimó que no es correcto que “se estén llevando los recursos después de que estuvieron prestando un servicio al paí­s; cuando haya necesidad, por supuesto que les estaremos dando cobertura, pero hay que analizar los riesgos y no por ley”, concluyó.

Por su parte, Rosa Marí­a de Frade, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República, consideró adecuado que se les otorgue seguridad a los exministros de Gobernación, “pero este acuerdo gubernativo se excede al establecer número de vehí­culos, cosa que debe ser definida por el propio Ministerio de acorde a las necesidades de la persona”.

Por su parte, Nineth Montenegro, diputada por el partido Encuentro por Guatemala, señaló que es necesario la evaluación del acuerdo. La diputada asegura que el actual ministro, Carlos Menocal, ha realizado actividades positivas “como la captura de algunos supuestos capos del narcotráfico y esto conlleva a que por algunos años él no pueda andar libre por las calles de Guatemala sin que alguien pueda querer hacer una venganza contra su persona”.

Sin embargo, Montenegro consideró que el perí­odo en que se blindan a los exministros es muy extenso.

Es de hacer notar que las salientes autoridades de Gobernación tendrán protección de cinco años, y que ello se extenderá hasta mucho más de lo que el próximo gobierno de Pérez Molina durará, por lo que la carga incluso recaerá en el Gobierno 2016-2020.

Asimismo, Rosa Marí­a de Frade hace notar que este acuerdo no deberí­a beneficiar a exfuncionarios como Salvador Gándara o Juan Velásquez, exministros de Gobernación, que están vinculados a procesos judiciales por anomalí­as durante su gestión.