Unos 1,500 agentes de la policía de Guatemala serán separados de la institución por presuntos vínculos con el crimen organizado, precisó ayer la ministra de Gobernación (Interior), Adela de Torrebiarte.
Aunque no precisó la fecha en que serán destituidos los agentes, la funcionaria dijo que la medida es parte del proceso de reestructuración de la institución, la cual se ha visto seriamente afectada por el involucramiento de cuatro policías en el asesinato de tres diputados salvadoreños y su chófer.
El asesinato de los salvadoreños se cometió el pasado 19 de febrero supuestamente por órdenes del crimen organizado, pero los policías fueron ejecutados en el interior de una prisión tres días después de su captura.
De Torrebiarte aseguró que ya tienen los expedientes de los agentes que serán destituidos, pero falta analizarlos a fondo y determinar quienes tienen vínculos con el crimen organizado y han participado en actos ilícitos.
Además, la ministra dijo que alrededor de 600 agentes, que recién reinstalaron por orden de juzgado, podrían ser los primeros en irse, aunque no específico si estos estaban incluidos en el paquete de entre 1.200 y 1.500 que serán dados de baja por la depuración.
La ministra indicó que el mayor obstáculo para destituir a los agentes es el proceso burocrático.
Entre tanto, el director de la policía, Julio Hernández, reveló que las áreas con mayor incidencia de ilícitos atribuidos a policías son las regiones aledañas a los puestos fronterizos. También se tienen focalizadas otras regiones, en las salidas de las carreteras a El Salvador y al Atlántico.
«Ya los tenemos ubicados y en su momento se tomará la decisión de documentar a los elementos que están con conductas impropias para sacarlos de las filas de la institución», sentenció Hernández.
Este lunes el presidente del país, Oscar Berger; la ministra del Interior, y demás miembros del Gabinete de Seguridad, se reunieron para analizar la agenda del Sistema Nacional de Seguridad (SNS).
El SNS buscará agilizar las acciones que permitan modificar las estructuras de seguridad ciudadana, involucrando a varias instituciones del Estado, así como a la comunidad internacional, que apoya con programas específicos en el tema.