Defensores de derechos humanos piden que continúen investigaciones a la cadena de mando de í“scar Mejí­a Ví­ctores, luego que el MP anunciara que solicitará al Juzgado Primero de Alto Riesgo suspender la persecución penal contra el militar retirado y exjefe de Estado.

Esta decisión se toma tras varios informes presentados por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinan que Mejí­a Ví­ctores no tiene la capacidad para enfrentar un proceso penal en su contra, señalado de cometer delitos de genocidio y crí­menes de lesa humanidad.

Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo –GAM–, indicó que ya que no es posible por el momento, mientras no se impugne esta decisión del MP, habrí­a que pensar en la cadena de mando, porque muchos que fueron funcionarios de Mejí­a Ví­ctores todaví­a están gozando de muy buena salud, “habrí­a que ver que alguno de ellos sean llevados a prisión, porque no es posible que estos crí­menes queden en la impunidad”.

Por su parte, Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, agregó que eso no quiere decir que la investigación no continúe, porque hay otros implicados que están ahí­ bajo investigación y a los cuales tiene que seguir la pista el Ministerio Público.

El Ministerio Público vincula a Mejí­a Ví­ctores por participar en varias muertes ocurridas en 1982 cuando fungió como Ministro de la Defensa, durante el gobierno golpista de Efraí­n Rí­os Montt, así­ como la masacre ocurrida el 18 de julio del mismo año en la aldea Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz, que dejó como saldo más de 250 muertos. Estos hechos habrí­an ocurrido como parte de la campaña militar Victoria 82.