Recuerdo una vez, aún en mi época de estudiante de secundaria, que el grandote de mi clase estaba furioso, porque habí­a encontrado su mochila en el suelo y con una huella de zapato, señal de que alguien la habí­a machucado. Aprovechando la molotera y la falta de control de algún profesor, y abusando de su tamaño y fuerza fí­sica, empezó a revisar a uno por uno los zapatos para verificar si el tamaño del pie encajaba con la huella en la mochila.

El problema era, básicamente, que debido a la moda de ese entonces, la mayorí­a tení­amos el mismo estilo de zapatos, los entonces famosos “Sperries”. Y todos de la misma edad y con la misma huella, era cuestión de tiempo para que el grandote encontrara una huella similar, aunque no fuera la del “culpable”.

En buen chapí­n, andaba buscando “quién se las pagaba, y no quién se las debí­a”.

Recuerdo esta anécdota porque se me hace similar con el hecho de las denuncias de militares retirados y oligarcas en contra de supuestos miembros de la guerrilla por crí­menes de guerra. Como es sabido ya, en esas denuncias figuran personas que ni por asomo podrí­an haber cometido los hechos, en hechos ridí­culos de denunciar a personas que no habí­an nacido o que eran aún niños cuando ocurrieron esos delitos.

Se busca quién las pague, y no quién las debe.

Y es que a quince años de haberse firmado el cese al fuego, Guatemala no ha sabido aprender a vivir en paz. Sobre todo porque la batalla se ha trasladado al ramo judicial, en donde los militares están respondiendo en un contraataque, con la finalidad de atrincherar y cortar el avance de la justicia.

Como han reconocido los mismos militares en esta pugna, el esfuerzo es contra la Fiscal General y contra los avances de los procesos penales. Y como parte de este mismo contraataque, ha habido comentaristas que hasta han sugerido una especie de “perdón” de estos hechos, para que todos sigamos en “paz”, y sanseacabó.

El problema radica en que el objetivo principal de obtener justicia en estos hechos es que se debe sentar jurisprudencia y un antecedente histórico, para que estos hechos NUNCA MíS se vuelvan a producir. El alzhéimer social propuesto por algunos ultraconservadores no nos sirve.

El Ministerio Público declinó ayer continuar con la querella contra Oscar Humberto Mejí­a Ví­ctores, debido a que él, por un derrame cerebral, es incapaz de afrontar el proceso penal. La enfermedad lo incapacita de un juicio, porque técnicamente afronta una muerte civil al ya no poder ejercer sus responsabilidades y derechos. Sin embargo, si por cuestiones técnicas y humanitarias se desistió del proceso, ello no significa que se le quiera declarar inocente de los hechos.

Por ejemplo, tras el genocidio judí­o en la Segunda Guerra Mundial, nadie logró enjuiciar a Adolf Hitler, pero para la historia él ha quedado como el mayor responsable del holocausto, situación que sirve para que los hechos NUNCA MíS vuelvan a ocurrir.

En otras palabras, no se deberí­a pretender buscar quién las pague, sino quién las debe. Y si estos no pueden afrontar juicios, serí­a deseable, para el desarrollo de la paz en nuestro paí­s, realizar juicios en ausencia de los implicados, con el único objetivo de sentar las bases judiciales e históricas.

Algunos advierten que serí­a mejor olvidarse de estos crí­menes, ocurridos hace algunos años, y enfocarse en la grave crisis de inseguridad e impunidad que nos afecta actualmente. Pero no hay que olvidar que la crisis actual se ha generado como consecuencia de la impunidad de la guerra. En todo caso, no se trata de un conflicto de intereses, sino de un conflicto financiero, y para que el Ministerio Público pueda investigar tanto crí­menes de guerra como crí­menes actuales, se le debe aumentar a su presupuesto, y no darle a escoger si investiga uno, u otros.

En todo caso, lo deseable es no caer en ese alzhéimer social que nos afecta, y que muchos proponen como una solución de “paz”.