Las políticas de seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia y las pandillas juveniles en Latinoamérica tendrían que estar vinculadas a los modelos de convivencia y no a la represión, afirmaron el lunes en Madrid responsables de organismos latinoamericanos.
«Las políticas de mano dura han demostrado que no sirven para nada», dijo Luis Guillermo Solís, miembro de la secretaría general de FLACSO, uno de los organismos participantes en el seminario abierto el lunes en la Casa de América bajo el título «Pandillas juveniles y gobernabilidad democrática».
Veinticinco expertos de FLACSO, pero también del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cruz Roja, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y las universidades de Lérida y Puerto Rico asisten al encuentro en el que la mayoría de los debates son a puerta cerrada.
Solís entiende que para frenar este fenómeno, los gobiernos deben entender que «la adolescencia no es una etapa intermedia entre la niñez y la adultez, sino que tiene su propia dinámica» y deben hacer hincapié en las políticas de «educación y empleo porque son fundamentales».
En un documento sobre políticas de seguridad ciudadana, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que «parte importante de los esfuerzos desplegados en la región para enfrentar la delincuencia y la violencia, han privilegiado acciones punitivas a través de la policía y los juzgados», y admite que «los resultados de este modelo de acción (…) no han sido positivos».
Para frenar los actos violentos vinculados directamente a las organizaciones juveniles, muchos gobiernos han aplicado políticas de mano dura o superdura, que han contribuido a un agravamiento de la violencia en México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia y Estados Unidos.
«Los gobiernos se dotan de políticas de mano dura y super mano dura simplemente porque esto les viene como imposición de organismos internacionales o de gobiernos del norte», explicó Mauro Cerbino, coordinador del programa de comunicación de la agencia en Ecuador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
En su opinión, la seguridad ciudadana «no tendría que ver con la represión o con modelos policiales sino con pensar qué modelos de convivencia hemos creado y qué modelos de exclusión hemos creado y constantemente reproducimos. Tendría que ver con observar qué pasa con el pacto social», precisó el responsable.
Sin ninguna duda, Cerbino afirma que «el tema de la seguridad en términos represivos es un enorme negocio, un gigantesco negocio» que involucra en muchos casos a miembros de la policía u otros cuerpos de seguridad y que desemboca en la paradoja de «pobres que controlan a pobres, con el agravante de que cuando éstos (los policías) asumen una posición de poder, se sienten ’Rambo’ y sienten que pueden hacer cualquier cosa».
«Y además eso sirve para encarcelar y hacer limpieza social», afirma el experto de la FLACSO que critica las «inversiones en cárceles y policías».
En América Latina, donde la pobreza alcanza al 40% de sus habitantes, los jóvenes representan el 19,5% de la población de Latinoamérica y el Caribe, es decir más de 100 millones de personas.
Interrogado sobre cifras que ilustren el fenómeno de las organizaciones juveniles y la violencia, para Cerbino la ecuación es clara: «Todos los jóvenes que viven en situación de pobreza económica, social y cultural (…) son potenciales miembros de organizaciones juveniles que de modo variable y diverso se pueden dedicar a actividades ilícitas o no».