Como le dije a un amigo recientemente: “Para uno que no estuvo involucrado ni de un lado ni del otro en el conflicto armado, talvez lo más fácil sea hacerse el desentendido pero no necesariamente es lo correcto”. Se lo dije de esa manera, porque en verdad que no tuve participación alguna en esa guerra que a mí­, desde mi muy personal perspectiva, me parece hasta cierto punto infructuosa y ridí­cula porque gracias a la educación que me dieron mis padres he aprendido a pelear con mis ideas y argumentos los puntos de vista que pretendo defender.

Aunque está claro que el bando oficial pudo haber cometido excesos y abusos en contra de civiles en época de enfrentamiento, también está muy claro que el Ministerio Público de hoy tiene una agenda sistemática de corte ideológico contra las autoridades militares de aquellos dí­as. No conozco la historia completa de la guerra, pero tengo muy claro que pocos o nadie tiene claro lo que aconteció en absolutamente todos los episodios del cruento enfrentamiento. 

Tal es la falta de claridad que la gran mayorí­a de casos y condenas que hemos visto hasta el momento se han basado en evidencias débiles y circunstanciales, pasando por historias narradas por personajes con sesgo ideológico, participantes de la izquierda guerrillera,  que han hecho libros o informes y jueces o fiscales que han tomado por verdades absolutas su contenido.  Testigos pocos, y regularmente de cortí­sima edad, razón por la cual,  y no otra,  los actuales ponentes de denuncias piden que sean indagadas personas que tení­an pocos años de vida cuando los hechos sucedieron. 

Soy un fiel creyente de la verdad como instrumento liberador para la vida y el desarrollo del hombre. La verdad y la responsabilidad son piedras angulares del concepto de justicia, por lo que me parece correcto que tanto unos como otros presenten los alegatos a los que creen tienen derecho.  Pero tenemos que ser muy claros en poner las cosas en su lugar y puntualizar en el hecho de que el Ejército siempre luchó con la ley en la mano, mientras que los insurgentes eran cuerpos ilegales de operación terrorista. No por esto doy licencia moral a los abusos que los cuerpos de seguridad oficiales pudieron haber cometido.  En todo caso hay que hacer la diferencia clara de lo que es un muerto en combate de un lado o del otro. Si un guerrillero murió a manos de militares en combate, el militar jamás debe de ser condenado por defender lo que la Constitución le avala  y sus  superiores le ordenan. En cambio un militar muerto a manos de un insurgente, será siempre un delincuente, porque el insurgente no tiene respaldo legal que le faculte para hacerlo.

¿Convendrá entonces seguir esta discusión a los militantes de izquierda? ¿Cuántos militares resultaron heridos o muertos durante los 36 años de guerra? ¿Y los civiles? ¿Y la tortura, el secuestro,  la extorsión y el terrorismo?

A mi parecer, todos merecen justicia, pero no cabe duda que el proceso de paz entendí­a lo complicado de la situación y pretendí­a hacer borrón y cuenta nueva. Si no, ¿para qué servirí­a un proceso de paz? Veo con preocupación que las acusaciones de la izquierda polí­tica contra el aparato militar y sus integrantes se basan en la idea del inexistente genocidio. Inexistente porque no creo que existiera bajo ningún punto de vista la “eliminación sistemática de un grupo social” como no fuera la de la insurgencia y para la cual la ley de entonces como la de ahora ampara al aparato militar, nos guste o no, a actuar para defender al Estado bajo el cual hemos decidido vivir.  En todo caso la historia resulta ser la suma de relatos que escuchamos o leemos y me parece de vital importancia que todos escuchemos todas las dimensiones del conflicto para poder aprender y no cometer los mismos errores del pasado. Mientras tanto, por la tranquilidad de todos y la visión de futuro que nuestro paí­s necesita es importante crear algún mecanismo para que esto acabe de una vez por todas.