PDH y GAM señalan casos de reserva de información y anomalí­as en aplicación de la Ley de Acceso de Información Pública por parte de instituciones estatales.

Alfonso Godí­nez, secretario ejecutivo de la Comisión de Acceso a la Información de la Procuradurí­a de los Derechos Humanos –PDH– reveló que se han accionado en contra tres casos en los que ha sido mal aplicada la Ley de Acceso a la Información.

“La primera en contra de una reserva informativa que intentó la municipalidad de La Libertad, Petén en donde estaban reservando el nombre de los funcionarios municipales, así­ como los salarios y honorarios. Una segunda reserva corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que reservaron todo lo relativo a lí­mites y todo lo que representa soberaní­a e integridad del territorio, pero la Corte de Constitucional dio sin lugar la petición. El tercero que recientemente se presentó que corresponde a la Secretarí­a de Asuntos Administrativos de Seguridad de la Presidencia –SAAS–, donde se han generado varias suspicacias en su labor”.

Por su parte Mario Polanco, director de Grupo de Apoyo Mutuo –GAM– informó que dicha organización  ha interpuesto diversas denuncias contra instituciones del Estado por no otorgarle información pública, como el del Ministerio de Gobernación y el Programa Nacional de Resarcimiento”.

“Nosotros solicitamos al Ministerio de Gobernación que nos diera el número de vehí­culos rentados y que son de su propiedad para conocer el nombre de las empresas a las cuales ellos hicieron el contrato y se realizó el debido proceso, así­ también se le solicitó al Programa de Resarcimiento el listado de las personas beneficiadas después del conflicto los cuales las dos instituciones no han cumplido con entregarlo, la CC tiene desde hace un año esta petición y hasta la fecha aún no ha accionado”.

Polanco señala que el Ministerio de Gobernación pidió como prórroga 10 dí­as más para la entrega de la información, solicitando a la Corte de Constitucionalidad un ampara para no hacer efectiva la entrega de esa información al GAM, dejando en lugar la petición de Gobernación.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA

Tanto Polanco como Godí­nez coinciden en que la ley adolece de problemas. “Es un paso hacia adelante en favor de la transparencia, pero lamentablemente los funcionarios no están acostumbrados a rendir cuentas y por otra parte educar a la ciudadaní­a para que esta se anime más a pedir información”, señaló Godí­nez.

Asimismo Polanco ha manifestado que la ley es buena, pero a su vez efectuar una apelación contra las instituciones que no realicen su trabajo tiene un costo demasiado elevado “para realizar una apelación costarí­a alrededor de Q50 mil y el guatemalteco no tiene lo suficiente para realizar una denuncia”.

NíšMERO DE DENUNCIAS

 Según datos de la Procuradurí­a de los Derechos Humanos el total de expedientes por derecho violado en relación a la Ley de Acceso de Información se registran hasta el mes de noviembre 60 denuncias, contabilizando en mayo el mes con mayor número de estas con 13.