Soy de la opinión que todas las sociedades y sus instituciones, organizaciones civiles, cuerpos normativos y los mismos seres humanos requieren constantes renovaciones, cambios y actualizaciones sistemáticas, para atender con eficacia y eficiencia las transformaciones tecnológicas y de otra naturaleza del entorno doméstico y mundial, a fin de mejorar la calidad de vida.

Traigo a cuento esos simples enunciados a propósito de la elección de la nueva junta directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala, cuyos integrantes asumirán sus cargos el próximo enero y deberán soportar –si así­ lo disponen– una pesada carga del pasado reciente, o liberarse de ese fastidioso fardo lo más pronto posible –si ésta fuera su consigna–, para que esa organización gremial recupere posiciones que ha ido perdiendo paulatinamente con el transcurso del tiempo, a causa de su inmovilismo y otros factores exógenos, y que emprenda nuevas tareas que se presentan como desafí­os para su supervivencia, como representante de un sector de los periodistas asalariados, y asuma otras responsabilidades que exigen los nuevos tiempos.
 Ciertamente, el deber fundamental de la APG gira alrededor de la defensa de la libertad de expresión del pensamiento en sus variadas modalidades, además de velar por el derecho de informar y ser informado; pero no debe limitarse a emitir esporádicas e irrelevantes declaraciones públicas cuando esas facultades son  atropelladas de parte del Estado y sus diferentes dependencias, sino que es su deber adoptar medidas jurí­dicas y acudir a cualquier legí­tima instancia, para que, en realidad, las ví­ctimas de arbitrariedades tengan la seguridad de que los culpables de los abusos y desmanes sean castigados, y que los periodistas y cualquier persona que se considere afectada en sus derechos y libertades pueda contar con la auténtica y efectiva solidaridad gremial, y no sólo con un apoyo retórico e insustancial.
 Asimismo, creo que la APG debe salir del aislamiento en que se ha ubicado de cara a la diversidad de problemas sociales y económicos que agobian al paí­s, en lo que atañe a asumir responsabilidades en áreas que, estricto sensu, aparentemente no son de su incumbencia, pero que están estrechamente ligadas con el presente y el futuro de la sociedad guatemalteca en general y que afectan directa o indirectamente la actividad de los periodistas, de igual manera como se vinculan al resto de habitantes de este hermoso paí­s.
  Para citar un ejemplo, considero que la APG no puede seguir siendo indiferente a las actuaciones de funcionarios públicos que estén dispuestos a autorizar concesiones para la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, sino que es su deber compartir responsabilidades con otros grupos de la sociedad civil que defienden el medio ambiente y se oponen a que poderosas empresas transnacionales vulneren parte de la geografí­a guatemalteca y que se apoderen de la riqueza del suelo y el subsuelo de nuestra nación.
 Adicionalmente, la APG tiene el deber de realizar cualquier esfuerzo para unir a la totalidad de trabajadores del periodismo de todo el paí­s, eliminando fronteras ficticias y normas internas inconsistentes que impiden la pluralidad y la inclusión en el seno de esa organización gremial.
  (Un veterano periodista mujeriego y aficionado a los tragos, se justifica con su colega Romualdo Tishudo: –Dice Keep Walking que el alcohol y las mujeres son el peor enemigo del hombre; pero enfatiza que el hombre que huye de sus enemigos es un cobarde).