El 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante, instituido por la ONU para resaltar la aprobación en 1990 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Dicha Convención, de ser aplicada, impediría la miríada de problemas que los migrantes guatemaltecos padecen en los países de tránsito y de destino. Lamentablemente, Estados Unidos no ha aprobado y mucho menos ratificado dicha Convención, como tampoco lo ha hecho con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aplicable en casos de población guatemalteca en el extranjero. Por ello, la xenofobia y la discriminación siguen en aumento en la supuesta “tierra de las personas libresâ€, al norte del Río Bravo.
Desde 2010, luego de la erupción del Pacaya y de la tormenta tropical ígatha, y más recientemente después de los estragos que llevaron al gobierno a decretar estado de Calamidad, el presidente Colom ha solicitado la concesión del TPS para los guatemaltecos indocumentados en Estados Unidos. Pese a las múltiples voces que han afirmado que esa petición es pertinente y atendible, el presidente Obama, preocupado por los ataques de los Republicanos para impedir su reelección, no ha tenido la audacia de conceder, por razones humanitarias, esta protección temporal. Su respuesta ha sido el silencio. Este 18 sería una fecha oportuna para cambiar y tomar dos decisiones: congelar las deportaciones de inmigrantes indocumentados que no hayan cometido delitos graves; y conceder el TPS a guatemaltecos y guatemaltecas.
Si esto no ocurriera el 18 o para las fiestas de fin de año, el próximo gobierno tendrá una gran oportunidad de hacer puntos con los migrantes, la mayoría de los cuales manifestaron en las elecciones que desconfiaban del ahora presidente electo, insistiendo ante Estados Unidos, de forma firme y sistemática, la validez de nuestra solicitud, hasta obtener el TPS. Todo lo hecho por el gobierno de Colom y los grandes esfuerzos de algunas organizaciones de migrantes en Estados Unidos, entre ellas la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), serían capitalizados a su favor. Existe, sin embargo, un gran riesgo: pese al camino recorrido y el terreno abonado, el presidente electo ya en funciones podría mostrar flaqueza ante Estados Unidos. No lograr el TPS le significaría un gran costo.
Lógicamente, las y los migrantes no deseamos solamente el TPS. En Estados Unidos promovemos una reforma migratoria justa y humana, que regularice la situación de millones de indocumentados de muchas nacionalidades y exigimos que se dejen sin efecto leyes antiinmigrantes y procedimientos violatorios de la dignidad y derechos humanos fundamentales de personas indocumentadas. En Guatemala, exigimos que se inicien los procesos de reforma jurídica que hagan efectivo el voto en el extranjero en el próximo proceso de votación en el país, así como la elección de representantes nuestros para la Asamblea Nacional Constituyente, si se convoca, o para el Congreso. Igualmente, exigimos al nuevo gobierno que promueva de inmediato la reforma de la Ley del Conamigua. Todo esto debe iniciarse desde el mismo 14 de enero. Ya se han perdido muchos años y se han generado demasiadas frustraciones.