Los restos de Sergio Saúl Linares Morales, ví­ctima de guerra, fueron entregados a sus familiares después de 27 años de su desaparición. Mientras las ví­ctimas ya no pueden exigir justicia, una lucha se desata en la Torre de Tribunales.

“Es  una alegrí­a y tristeza, aunque ya tení­amos el convencimiento de que él ya no estaba pero querí­amos encontrarlo o saber dónde estaba, porque ese es el dolor más grande que tení­amos”. Ruth Linares, hermana de Sergio,

“Sabí­amos que desafortunadamente no iba a haber justicia para nosotros, en ese entonces decí­amos los familiares ‘si vivo se los llevaron vivos los queremos’, pasaron muchos años y desafortunadamente no sucedió esto”. Mirtala Linares.

“No habí­a justicia, un debido proceso, una legí­tima defensa, los detenidos eran desaparecidos y definitivamente nunca sabí­amos dónde estaban, estamos sabiendo la verdad, estamos sabiendo que definitivamente fueron las personas que todos los guatemaltecos y a nivel internacional se sabe, los autores intelectuales y materiales de estos crí­menes”.

La familia Linares esperó durante 27 años el encontrar sus restos, al ser ví­ctima de Desaparición Forzada en 1984, los cuales fueron localizados en el Antiguo destacamento militar de Comalapa, en el Municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango, especí­ficamente, en la fosa FAFG 317-IX, correspondiendo a la osamenta No. 2.

En 1999 se conoció el “Diario Militar”, documento con información sobre lo ocurrido a guatemaltecos desaparecidos por las fuerzas de seguridad estatales a mediados de los años 80, este consta de 73 hojas oficio, contiene fotos de 183 ví­ctimas y referencias en código a sus ejecuciones. La detención de Sergio Linares está registrada en el “Diario Militar” con el número 74.

Por estos casos, el Ministerio Público (MP) ha realizado importantes capturas contra exmilitares y jefes de  Estado de esa época, quienes han comenzado a ser llevados a la justicia, lo que ha desatado una lucha en el sistema de justicia, que negociadores de los acuerdos de paz previeron al momento que estos hechos fueran esclarecidos.

Ricardo Méndez Ruiz, quien denunció haber sido ví­ctima de secuestro durante el conflicto armado interno, señala que estas son las primeras acciones y “sí­, es contra Claudia Paz y Paz”, por la arremetida de la fiscal; ella decidió desatar la cacerí­a contra los soldados.

Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, expresó: “yo dirí­a que todas las ví­ctimas, independientemente sí­ son militares o guerrilleros, tienen el derecho a que se les haga justicia”, desafortunadamente en este caso fue que una de las ví­ctimas indicó que era  una acción polí­tica.

“Quien está politizando en todo caso la justicia, es quien se refirió que era  una acción polí­tica en contra de una fiscal”.

Estuardo Macz, integrante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), asegura que es un deber de la humanidad para que estos actos de lesa humanidad no se vuelvan  a repetir ahora, tenemos que entender que en nuestro paí­s existe un acuerdo en el cual se brinda amnistí­a a todos los actores de la guerra, pero eso en cuanto a actos de guerra.

Lo que sí­ es castigable, asegura Macz, son los actos de  “lesa humanidad”, y en Guatemala tiene que darse ese proceso, “porque si no hay justicia no hay sanación”.