El martes 29 de noviembre de 2011, una organización llamada “Asociación de Viudas de Militares y Especialistas del Ejército de Guatemala”, presentó al Ministerio Público una demanda contra 32 supuestos guerrilleros por ser autores intelectuales y dirigentes de hechos violentos ocurridos entre 1978 y 1982. Tales hechos a decir de los demandantes fueron desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos de empresarios y colocación de bombas.

Las noticias  divulgadas por diferentes medios de comunicación ofrecen  un listado de las personas demandadas por supuestamente haber cometido dicho hechos ilí­citos.  Son los mismos 26  que  fueron  mencionados en la demanda  presentada  por Ricardo Méndez Ruiz Valdés,  a los que ahora se agregan 6 personas más. Nuevamente  llama la atención que la señora Esthela Vda. de Furlán insista en una alianza  inverosí­mil  entre el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Nuevamente llama la atención que  en el listado  de supuestos responsables de actos violentos cometidos por la guerrilla, incluyan a personas  fallecidas y a un desaparecido.

La novedad en esta ocasión es que ese listado lo encabeza Enrique Paz y Paz, padre de la Fiscal General, quien falleció a mediados del año pasado a una avanzada edad y en el contexto de las ocupaciones que habí­a mantenido durante varias décadas: la administración de una pequeña finca de su propiedad ubicada en el oriente del paí­s. Tuve la oportunidad de conocer personalmente a don Enrique Paz y Paz. Debido a mis intereses académicos en materia de investigación de la historia reciente del paí­s, era una fuente interesante para reconstruir los acontecimientos de la Guatemala de 1960-1962. Durante esos años Guatemala presenció la rebelión militar del 13 de noviembre de 1960, cuyos integrantes han sido recién resarcidos  por la Secretarí­a de la Paz y el Programa Nacional de Resarcimiento. Además se observó el inicio del accionar de los militares rebeldes y la efí­mera instauración en marzo de 1962 de la primera guerrilla que actuó en Guatemala, la del “Destacamento 20 de octubre”,  encabezada por el teniente coronel Carlos Paz Tejada, ex jefe de las Fuerzas Armadas del paí­s. En los meses de marzo y abril de 1962 se dio la gran movilización popular y estudiantil  contra el gobierno de Miguel Ydí­goras Fuentes. En esa movilización  confluyeron fuerzas de distinto orden, al extremo de que incluso activistas del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) se involucraron. Mi padre alguna vez me contó cómo él y un activo joven anticomunista, Guillermo Putzéis ílvarez,  se pusieron de acuerdo para estar movilizando  uno de los mimeógrafos en los cuales se imprimí­an panfletos contra Ydí­goras. Don Enrique participó en aquel momento en la fundación de un efí­mero movimiento llamado “Movimiento 12 de Abril”.

Después de esa participación y desde mediados de los años sesenta, Don Enrique Paz y paz  se dedicó de lleno a su profesión de ingeniero y posteriormente a trabajar en la modesta finca de su propiedad. Alejado de la polí­tica, que no es lo mismo que de sus convicciones,  así­ permaneció don Enrique a lo largo de muchas décadas hasta que falleció. Cuando lo entrevisté hace unos diez años, pude constatar que sus recuerdos eran remotos y vagos. Mi experiencia en entrevistas de trabajo de campo, me indicó que lo que sucedí­a es que su memoria ya era imprecisa porque su alejamiento de la polí­tica activa durante muchos años le habí­a borrado  la exactitud en la memoria. Por ello me ha sorprendido encontrarlo en la lista presentada por la asociación encabezada por la señora Vda. de Furlán.

La lista  presentada por los demandantes  nuevamente incluye fallecidos, desparecidos y personas que podrí­an demostrar fácilmente que no residí­an en el paí­s en los años referidos. En el caso del padre de la Fiscal General hubiera sido sumamente fácil demostrar que fue absolutamente ajeno a los hechos  que se le imputan. Pero hay un crimen del cual no se puede defender al ahora extinto don Enrique Paz y Paz: ser padre de la fiscal general Claudia Paz y Paz. Este es el verdadero motivo por el cual se le ha puesto al lado de 31 supuestos guerrilleros. El objetivo de todos estos movimientos es la Fiscal General, pero también la búsqueda de impunidad para los participantes en acciones genocidas. Finalmente el objetivo es desarticular la lucha por la memoria de la infamia que el Estado cometió durante muchos años en el paí­s.

Alguno de los lectores de mi columna dice que mi conocimiento de la historia de la insurgencia demuestra mi condición de guerrillero y participante en actos terroristas. Hágame usted el favor.  Tengo conocimiento de este tema porque sobre él versó mi tesis de Doctorado en Sociologí­a, aprobada con honores en la Facultad de Ciencias Polí­ticas y Sociales de la UNAM. La acusación es reveladora de la mentalidad contrainsurgente en el paí­s. Acusaciones que eran peligrosí­simas en el pasado se siguen haciendo fácilmente. Ahora un hombre que le hací­a honor a sus apellidos es ví­ctima de tales infundios.