El secretario de Justicia de Alabama se convirtió en el funcionario republicano de mayor rango que sugiere cancelar partes de la estricta nueva ley de inmigración de su estado.
El secretario Luther Strange recomendó que los legisladores revoquen algunas porciones de la ley cuya aplicación ha sido demorada por cortes federales y clarifiquen otras.
En una carta dirigida a líderes legislativos, Strange dijo que los cambios propuestos harían que la ley sea «más fácil de defender en la Corte» y «removerían cargas para ciudadanos que respetan las leyes».
La carta privada representa la primera ocasión en que el secretario de Justicia expresa preocupaciones al respecto desde que comenzó a defender la ley contra una impugnación que unas 30 organizaciones e individuos presentaron ante una corte federal.
Tanto los opositores como los partidarios de la ley consideran que es la más estricta en Estados Unidos contra inmigrantes que carecen de permiso de estancia en el país.
Strange recomendó revocar una sección que penaliza que un inmigrante no porte documentos de registro. Una corte federal congeló temporalmente la implementación de esa cláusula.
El secretario de Justicia señaló que ésta «añade poco en términos de aplicación» porque la ley federal ya lo convierte en delito, y revocarla permitiría a la policía «enfocarse en aspectos más importantes de la ley (estatal)».
También sugirió abolir el requerimiento de que las escuelas públicas recolecten información sobre el estatus migratorio de los estudiantes, cláusula que también se encuentra congelada.
Su carta fue escrita en respuesta al líder interino del Senado, el republicano Del Marsh, quien dijo que la legislatura sólo consideraría cambios recomendados por el secretario de Justicia.
Marsh y el presidente de la cámara baja Mike Hubbard, también republicano, no respondieron de inmediato a las solicitudes que les hizo la AP para que dieran sus comentarios en torno a la carta que Strange les envió a finales de la semana pasada.
Strange dijo que sus recomendaciones se basaron en la impugnación jurídica a la ley y en los esfuerzos para hacer que sea más clara, y no en atención a decisiones políticas de la legislatura.
«El liderazgo legislativo pidió nuestra opinión y nosotros la proporcionamos», señaló en un correo electrónico.
Agregó que el costo de recopilar los datos de las escuelas y la desviación de recursos para hacerlo sobrepasan la necesidad de reunir datos para utilizarlos en litigio.
Strange también sugirió anular dos porciones de la ley que permiten a los ciudadanos demandar a funcionarios públicos para obligarlos a aplicar la nueva legislación. El secretario de Justicia señaló que esas secciones entran en conflicto con cláusulas de la Constitución de Alabama.
En reacción a su carta, líderes legislativos dieron a conocer que están trabajando con sus líderes empresariales sobre posibles cambios para mantener un entorno empresarial amigable en Alabama.
Todd Stacy, vocero de Mike Hubbard, líder de la Cámara de Representantes, dijo que los legisladores «están trabajando ahora con líderes de la industria para ver qué actualizaciones podrían ser necesarias para mantener lo que podría decirse es el entorno empresarial más amigable en Estados Unidos».
Karen Tumlin, del Immigration Law Center y una de las fiscales que está apelando la ley, opinó que los funcionarios están empezando a ver el «devastador» impacto que la ley está teniendo sobre el estado.
En tanto, el Departamento de Justicia envió una carta a las agencias policiales de Alabama advirtiéndoles que no discriminen a latinos al aplicar la estricta nueva ley de inmigración del estado.
El subsecretario de Justicia Thomas Pérez, quien encabeza la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, envió la misiva la semana pasada a las 156 agencias de policía de Alabama que reciben fondos federales.
Pérez le advirtió a las agencias del riesgo de perder el financiamiento si violan las políticas federales que prohíben la discriminación, y agregó que funcionarios del departamento monitorean la implementación de la ley para cerciorarse de que no haya violaciones a los derechos civiles.
El gobierno de Barack Obama demandó a Alabama a fin de bloquear la legislación.