El gobierno francés ha producido evidencia de que el expresidente Portillo lavó más de 70 millones de dólares del Estado de Guatemala en ese paí­s. En época del FRG se estafaron más de 60 millones de dólares al IGSS. En época de Byron Barrientos se desaparecieron 90 millones de quetzales. Colom deja un inmenso legado de corrupción, siendo ví­ctimas graves la salud pública y la educación. Ese dinero y activos mal habidos deben ser recuperados para el Estado y los funcionarios gravemente castigados.

La detención de la hija de Gloria Torres sólo confirma los rumores que circularon en los últimos cuatro años, que varios miembros de la familia Torres eran partí­cipes en eventos de corrupción contra el Estado. Corresponde ahora al Ministerio Público y a los jueces, evaluar e imponer un castigo a los responsables.

En el caso de la hija de Gloria Torres pareciera que el esquema era cobrar comisiones por la gestión de financiamiento a las municipalidades.  Esto implica que habrí­a muchos otros corresponsables y partí­cipes de los delitos, todos los cuales deben de ser enjuiciados y de ser encontrados culpables, debe imponérseles el más severo castigo previsto por la ley.

Es incomprensible como ante la existencia de evidencia que el dinero fue desviado de las arcas del Estado hacia las cuentas de miembros de gobierno, sus amigos, familiares o sociedades que nada tienen que ver con el Estado, tratan con tecnicismos legales procurar una defensa injustificada.

Por una parte es muy importante para la gestión del Estado recuperar el dinero o los activos adquiridos con ese dinero.  No hay ninguna razón porque los personajes culpables y sus familias han de retener esa riqueza en perjuicio del erario público y con lo cual debe financiarse la obra y servicios públicos.  El Estado debe perseguir esos fondos y recuperarlos con intereses y debe ser una carga económica más que un simple interés, no se trata de dar financiamientos a los corruptos.

Debe determinarse quiénes permitieron o facilitaron cada acto de corrupción e igualmente deben ser castigados junto con el principal responsable.  Esos funcionarios y empleados públicos que fueron copartí­cipes tienen responsabilidad y es evidente que no estuvieron cumpliendo la función que tení­an que realizar como empleados del Estado.

Recuperando los fondos, el Estado puede realizar obras de inversión y cubrir gastos de operación y los ciudadanos pueden ver como su dinero de impuestos es utilizado en el bien común.

El castigo severo a los beneficiarios de la corrupción y a quienes ayudaron, facilitaron, permitieron los actos de corrupción así­ como aquellos que se quedaron en silencio es la única manera de ejemplificar y cambiar nuestra cultura.

Veamos el ejemplo del señor Alfonso Portillo o de las comisiones cobradas por quienes sean responsables de la familia Torres en el caso recientemente descubierto al ojo público.  El Estado deberí­a recuperar los 70 millones de dólares que el gobierno francés ha reportado como lavados en aquel paí­s, más los intereses y multas, sin perjuicio de que Portillo deberí­a ser responsable por los daños causados a los programas y personas que dejaron de recibir servicios públicos por la sustracción de ese dinero.  Igual la señora Torres si es culpable y quienes se hayan beneficiado con ella. Deberí­a ser castigado Portillo, la señora Torres, en su caso, así­ como todos los funcionarios y empleados que participaron de cualquier manera en que le llegaran los fondos y aquellos otros que sabí­an por razón de su cargo lo que estaba sucediendo.  Al ser castigados, otros empleados públicos aprenderí­an y estarí­an conscientes que si sucede lo mismo deben denunciar, actuar y no permitir la extracción de fondos públicos.

Por esto es tan importante que en los cargos y empleos públicos labore gente honrada e í­ntegra.