Del norte al sur y del occidente al oriente, los conflictos ocasionados en torno al acceso al agua se expanden en todo el paí­s, en la misma medida que crece el riesgo de la ingobernabilidad en las comunidades que tienen problemas para administrar y distribuir el vital lí­quido. Sin una legislación adecuada y, aparentemente, sin un plan de gestión de mediano y largo plazo para el manejo de los recursos hí­dricos, las perspectivas apuntan a un panorama de confrontación y polarización social en el paí­s.

Desde temprano, todos los dí­as, Guadalupe Rodas lleva sobre su cabeza una tinaja plástica con el agua que usará para cocinar en su casa, en la colonia Lo de Coy, en la zona 10 de Mixco.

“Nosotros casi todos los dí­as tenemos que ir a acarrear agua a Empagua (Empresa Municipal de Agua), porque no tenemos tuberí­a y nos han dicho y prometido los alcaldes que van a meter (instalar) tuberí­a; pero mire, se van y no hay modo”, se queja.

Por otra parte, en Quiché, Héctor Tecún critica la falta de regulación sobre el uso del agua y la falta de inversión pública para acceder a ese recurso. En su localidad no todas las familias tienen tuberí­as y un grifo para que el lí­quido llegue hasta sus viviendas.

Vicente Aldana advierte que en su  natal Chiquimula, eventualmente cientos de personas deben comprar agua a empresas privadas para poder sobrevivir, ya que el suministro público es ineficiente y además, no todos pueden pagar una cuota fija mensual.

En Fraijanes, Guatemala, los vecinos de diferentes colonias y residencias deben administrar el vital lí­quido, para evitar que las fábricas y corporaciones instaladas en ese municipio se abastezcan de las reservas de agua creadas especí­ficamente para los hogares.

El acceso al agua y saneamiento son temas cada vez más complejos que tienen una incidencia directa en la conflictividad de las comunidades y amenazan con ser un elemento de incidencia en la ingobernabilidad.

La falta de polí­ticas públicas claras y una legislación adecuada proponen un futuro incierto en el manejo de los recursos hí­dricos, aunque hasta la fecha las perspectivas apuntan  al incremento de las tensiones sociales por el acceso al agua.

“NO ES LA ESCASEZ”

Los problemas que giran en torno a la administración del agua no son propios de Guatemala, pues en Centroamérica ya se analizan las causas y consecuencias de la conflictividad que surge por la falta de acceso a este servicio, que también es considerado un derecho fundamental. 

Durante la ceremonia de bienvenida del Simposio Internacional HELP 2011: “Construyendo caminos de conocimiento para un futuro con sostenibilidad hí­drica”, celebrado el 21 de noviembre en la ciudad de Panamá, los puntos sensibles de este polémico debate quedaron expuestos ante activistas, expertos y analistas que se preocupan por el tema.

La representante local de la ONU, Kim Bolduc, dijo que el acceso al agua para la vida es una necesidad humana básica y, a su vez, es un derecho humano fundamental, pero no es una realidad para todas todos, ya que “más de mil millones de personas se ven limitadas al acceso de agua limpia, y dos mil seiscientos millones no tienen acceso a un saneamiento adecuado”.

“Estas cifras son solo una de las razones del problema, y los orí­genes varí­an según los factores. Bolduc mencionó que pocos paí­ses abordan la crisis del agua y el saneamiento como una prioridad, y en muchos casos los gastos militares superan notablemente el presupuesto destinado para el abastecimiento de agua y saneamiento”, refiere un comunicado difundido sobre la actividad.

Otro factor compartido radica en que las personas más pobres del planeta son las que pagan algunos de los precios más altos por el agua en el mundo. Esto refleja algo simple, “cuanto más pobre eres, más pagas”, acotó Bolduc.

Una de las principales conclusiones del encuentro fue que el agua es suficiente, pero su distribución es desigual, lo que en gran medida desencadenarí­a una intensa ola de inconformidad social e ingobernabilidad, pronostica Nadia Mijangos López, coordinadora de la Unidad de Recursos Hí­dricos del Ministerio de Ambiente.

“El problema principal es la ingobernabilidad que ya comienza a darse en algunas comunidades del altiplano, y se da por la disputa de las comunidades por las fuentes de agua. Las zonas mapeadas son las poblaciones asentadas en el ‘corredor seco’ que son parte del departamento de El Quiche, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa y Chiquimula”, detalló

“Lo más grave es que en las ciudades se está optando por explorar y explotar los mantos acuí­feros profundos, y la gestión de estos no se hace sobre una planificación adecuada, por lo que vemos que también ya comienza a disminuir la disponibilidad de agua en estos”, indicó la experta.

Mijangos manifestó que “se  deben realizar esfuerzos en materia económica para invertir en la infraestructura para poder dotar de agua a las comunidades; estos tienen que proyectarse como programas sociales debido a que las áreas marginales en las ciudades y las áreas rurales son zonas de pobreza y pobreza extrema”.

SIN CLARIDAD

Magali Arrecis, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, refiere que el trasfondo del asunto es que la falta de leyes que garanticen el “agua de calidad para todos” genera problemas de impacto nacional, pero especialmente afecta con más severidad a las comunidades pobres.

“Desde ya se han notado los problemas que está provocando la carencia de agua, ya que este empieza a ser un bien que crea conflictos para el consumo humano. La gente inicia a acumular dicho bien que debe ser de disponibilidad para todas las personas”.

La preocupación de no tener agua y las consecuencias de esta situación en la salud harán que muchas personas opten por medidas desesperadas, como las que realizaron vecinos de la zona 25 semanas atrás.

Los inconformes exigieron al Gobierno que cumpliera con la promesa de la perforación de pozo mecánico de agua potable, en la colonia El Buen Pastor.

Debido a que sus peticiones para obtener agua potable en sus hogares no fueron escuchadas, los vecinos optaron por manifestarse directamente frente a la Casa Presidencial para exigir al mandatario ílvaro Colom y la ex primera dama, Sandra Torres –quien prometió el proyecto–, que garanticen el vital derecho al agua.

Esto demuestra cómo las personas cada vez se alejan más de su descontento silencioso y acuden a acciones más notorias; el temor que subyace en  este sentido es que las manifestaciones cobren matices violentos.

El problema de fondo es que “existe una dispersión en la regulación de las instituciones que trabajan con el agua, pero además existen vací­os y duplicidad en algunas formas de poder regir el bien común que deberí­a de ser de uso público”, señala Arrecis.

Para Héctor Nuila, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), a pesar de que se conocen los problemas actuales con el “vital lí­quido” y ya se habla de ingobernabilidad en el tema, aún no existe un marco legal especí­fico.

“La iniciativa 3118 que dispone aprobar la ley general de aguas, sé que esta no ha sido aprobada porque existen intereses empresariales y personales, por eso hasta el momento Guatemala no cuenta con una ley que dé beneficio del agua a la población menos favorecida”, indicó el legislador. “Los conflictos van a generarse conforme se va agotando el agua, si se sigue manteniendo como mercancí­a y no como bien común que es para toda la población”, puntualizó.

Nuila comentó que para evitar una problemática mayor se deberí­a crear con urgencia una legislación sobre el agua: “Obviamente el agotamiento de las fuentes de agua, es un riesgo potencial inherente al cambio climático. Aquí­ es de donde vienen para cuidar el recurso agua o el bien público que tiene que existir, también polí­ticas de estado no solo para la distribución sino para cuidar el bien público.”

Por su parte, Manuel Barquí­n, diputado de la Gran Alianza Nacional (GANA), reiteró que hasta la fecha el pleno del Congreso no ha conocido una iniciativa relacionada con la regulación del uso del agua.

“Es importante que existan leyes para evitar que las personas se enfrenten por el agua: (Hasta ahora) no existen legislaturas, no hay nada que pueda dar solución a la problemática que está afectando a miles de guatemaltecos en todo el paí­s”, afirmó.