Se está conformando un nuevo equipo de gobierno y han sido nombrados titulares de cruciales dependencias, pero si bien ello es importante, más trascendente sería que se cambie radicalmente la función del servidor público y se fortalezca a instituciones que cumplan con sus funciones básicas. Hoy en día si nos preguntamos para qué sirve el Ministro de Comunicaciones tenemos que concluir, tristemente, que para autorizar mamarrachos que se caen con las primeras lluvias a cambio de jugosas comisiones que les dan los contratistas.
Si nos preguntamos para qué sirve el Ministro de Energía y Minas, diremos que para autorizar concesiones lesivas para el interés nacional y apañar abusos en el sector energético y minero del país en operaciones que nos resultan escandalosas pero que dejan y han dejado millones en los bolsillos de muchos funcionarios. No digamos nada más del Ministro de Salud, que dirige las comisiones que se encargan de comprar “legalmente†mediante contratos abiertos hechos con una maña de todos los diablos, medicinas a precios hasta mil veces más altos que el valor al público de los medicamentos en las farmacias.
Ni digamos nada, por supuesto, del papel de un Secretario Privado que es quien da el visto bueno a todos los negocios para que ningún financista quede sin recuperar su inversión con creces y, por lo tanto, es amo y señor de las decisiones que implican erogaciones, favores o tráfico de influencias.
O un Ministro de Educación que es un títere de los sindicatos, cuando no de la mujer de un Presidente que, literalmente, no manda ni en su casa.
Citamos apenas unos casos, pero en general el servicio público se ha distorsionado de tal forma que todo nombramiento es una patente de corso, como aquellas que daban los reyes a los piratas para que robaran con licencia, con autoridad delegada del soberano.
Servidores públicos no hay porque las dependencias son oficinas para que roben tirios y troyanos y lo mismo se aplica a entidades del gobierno central como a las descentralizadas y autónomas, así como los otros organismos del Estado. Se roba en el deporte y en las municipalidades, se hacen trinquetes en el Congreso y la justicia está en pública subasta para garantizar la impunidad del poderoso y la cárcel al ladrón de gallinas.
Por ello es que nos urge una refundación del Estado, una institucionalización de las funciones públicas para rescatar el concepto del servicio público. Y hasta el día en que un ministro largo no sea enviado al bote por sus picardías, la patente de corso seguirá adjunta al nombramiento.
MINUTERO:
Tanta promesa incumplida
destruye la democracia
pues votar no tiene gracia
con esa farsa vivida