El abogado Gustavo Adolfo Gudiel Valenzuela fue ligado a proceso por los delitos de caso especial de estafa, falsedad ideológica y conspiración para la estafa. El MP lo sindica de pertenecer a una banda de abogados que se dedican a las estafas inmobiliarias.
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El juez contralor Marco Antonio Villeda, del Juzgado Quinto de Primera Instancia, fue el encargado de escuchar la primera declaración del acusado, a quien ligó a proceso.
El abogado Gudiel Valenzuela, capturado el pasado 14 de septiembre, es sindicado por el Ministerio Público de ser el cabecilla de una banda que desde el 2004 ha despojado de sus bienes a ancianos y migrantes.
La usurpación de propiedades se realizó en las zonas 1 y 16, Mixco, Amatitlán, Izabal, Escuintla y Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Según las pesquisas del MP, el jurista, quien estaría involucrado en 16 casos, se encargó de reclutar a otros 17 abogados, que le prestan sus protocolos y que con documentos falsos respaldan los traspasos.
La apertura de las investigaciones por parte del MP se inició luego que las escrituras suscritas por Gudiel fueron enviadas al Registro de la Propiedad, y al detectar anomalías en las cédulas de dichas escrituras, interpuso las denuncias correspondientes.
Por este asunto se encuentran dos personas vinculadas, Edwin Mayén y Ruth Alvarado, excandidatos a diputados por la Unión del Cambio Nacional (UCN) y Centro de Acción Social (CASA).
En el caso de Alvarado, asegura estar procesada; sin embargo, la Fiscalía presentará una acusación formal en su contra por dar fe de que conocía al supuesto vendedor de una propiedad, pero su identidad resultó ser falsa.
Las investigaciones demuestran que a la fecha a esa organización se le han contabilizado por lo menos 256 estafas. Investigadores de la Fiscalía Metropolitana aseguran que aún se trata de identificar a empleados del Registro de la Propiedad Inmueble y de juzgados que pudieran haber participado en esos hechos ilícitos.
Además de los delitos de estafa y la usurpación, a ese grupo se le vincula con unas 90 muertes de dueños de inmuebles.
La banda también incluye a más de 70 jaladores, tramitadores o testaferros, que suplantan la identidad de los verdaderos propietarios. El MP logró la detención de nueve tramitadores, a quienes encontraron sellos de municipalidades e instituciones gubernamentales.
Las pesquisas sobre este caso han detectado diversas modalidades en las que los delincuentes se apoderan de los inmuebles.
La mayoría de veces logran información de las personas que han extraviado documentos, y suplantan fotografías para que sus testaferros efectúen la transacción. También se ha identificado que hay familiares o personas allegadas que conocen la cantidad de inmuebles que posee la víctima y se lo comunican a la banda.
Al tener los datos completos, se realiza una escritura de compraventa donde comparecen testaferros con otras identidades. Estos, a su vez, hacen otra compraventa, pero siempre figuran los mismos abogados, que dan fe de las identidades.
Al final, venden la propiedad, pero el último en adquirirla desconoce que todos los trámites son falsos.
Las investigaciones de la fiscalía han establecido por lo menos tres organizaciones delictivas en todo el país dedicadas a ese tipo de estafas.
Según fiscales, las bandas están bien estructuradas. Hay notarios, jaladores, trabajadores y ex trabajadores del Registro de la Propiedad, quienes conocen bien cómo funciona el ente estatal. Con esa estructura, la falsificación de documentos, cédulas y escrituras públicas, se les facilita actuar con total impunidad contra guatemaltecos.