Claudia Paz y Paz: “Mi papá falleció hace un año cinco meses, no es posible iniciar ninguna investigación contra una persona que ha fallecido, quizás desconocí­an este hecho”, así­ se refiere la Fiscal General, luego de la denuncia interpuesta en contra de 36 personas pertenecientes a grupos revolucionarios, entre los que figura el padre de la funcionaria.

La acción fue interpuesta por Estela de Mata viuda de Furlán, en la cual acusa a  Enrique Paz y Paz (padre de la Fiscal General), Yolanda Colom Caballeros y Gustavo Porras Castejón, por ser los autores intelectuales y los cabezas de las personas que colocaron bombas en el Parque Central, asesinaron empresarios en sus fábricas y secuestraron y asesinaron de la señora Novella,  hechos ocurridos en 1981.

A estos, junto a 33 personas más, se les acusa de ser excombatientes pertenecientes a los grupos clandestinos terroristas autodenominados “Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)” y el “Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)”.  

Una denuncia similar fue presentada por Ricardo Méndez-Ruiz Valdés, sobre un secuestro del que fue ví­ctima en el año 1982, hecho del que acusa a 26 supuestos exmiembros de la extinta guerrilla.

Méndez Ruiz señala que estas son las primeras acciones y “sí­, es contra Claudia Paz y Paz”, por la arremetida de la fiscal; ella decidió desatar la cacerí­a contra los soldados, asegura. No fue nada improvisado, lo trabajamos junto con oficiales retirados de inteligencia, de otras especializaciones y en servicio activo. 

Por su parte, Claudia Paz y Paz indica que las ví­ctimas de los delitos que se cometen ahora en el año 2011, como las ví­ctimas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos o a sus derechos en general en el perí­odo del conflicto, tienen el legí­timo derecho de exigir de las autoridades del sistema de justicia que se esclarezcan estos hechos y que los perpetradores sean llevados a la justicia para que esta dilucide si son culpables o son inocentes.

ílvaro Colom, presidente de la República, sobre las acciones emprendidas contra Claudia Paz y Paz, asegura que él ha sido respetuoso de la independencia de los  poderes de justicia legislativo, ejecutivo y municipal.

Mientras tanto, Carlos Menocal, ministro de Gobernación, asegura que en el caso  de la fiscal “definitivamente, la señora fiscal ha fortalecido la persecución penal en casos de violaciones a los derechos humanos y en casos de justicia”.

En casos de derechos humanos ha estado comprometida con el paí­s en la persecución penal de grandes capos del narcotráfico, “nos consta como Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa cómo se ha trabajado de manera armónica”.  “Honestamente el Gobierno se está solidarizando con la Fiscal General, y su trabajo está demostrando resultados importantes”.

Carmen Aí­da Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, asegura que se están  utilizando las ví­as judiciales como una forma de ventilar confrontaciones ideológicas.

“Es decir, la confrontación ideológica que imperó durante el conflicto armado interno después de la firma de la Paz se ha trasladado al interior de diferentes órdenes de la vida nacional”; en este caso, esa confrontación ideológica ha llegado al sistema de administración de justicia, lo cual es “lamentable” porque el sistema de justicia debe funcionar, “no para dirimir confrontaciones ideológicas y a ver quién puede más, si los exguerrilleros o los militares en situación de retiro o en situación activa”.

El Movimiento Pro Justicia, de acuerdo con Ibarra, apoya la dilucidación jurí­dica, apoya el esclarecimiento judicial de todos los eventos delictivos que se cometieron en el marco del conflicto armado interno, tanto los que cometió el Ejército, como los que cometieron los miembros de la guerrilla.