El fenómeno no es exclusivo de Guatemala, pero definitivamente aquí se perdió el concepto de la función legislativa porque efectivamente nuestro Congreso se convirtió en un mercado en donde los votos se compran y se venden porque los diputados viven para dos cosas: hacer dinero y asegurarse la reelección. Todo lo demás es irrelevante para ellos porque los intereses del país no cuentan y el giro de los asuntos legislativos está orientado únicamente a cumplir con esas dos metas principales de todos y cada uno de los diputados.
Mientras no se retome el sentido de la función legislativa y se termine esa forma de negociación asquerosa que se adueñó del Congreso, no vale la pena ni siquiera pensar en una depuración porque los diputados que lleguen, como pasó con la depuración en tiempos de Ramiro de León Carpio, llegarán a hacer lo mismo y acaso hasta corregidos y aumentados sabiendo de antemano cuál es el ritmo de la actividad en el Congreso, apartada por completo de esa función esencial que le asigna la Constitución de la República a los llamados representantes del pueblo.
Cuanto más se habla de las necesidades de reformar nuestro modelo político más hay que pensar en el Congreso de la República porque es el valladar en el que se estrella cualquier intento de reforma por la vía institucional. Y es que los diputados no representan al pueblo, lamentablemente, sino que representan sus particulares intereses y, ocasionalmente, los intereses de sus respectivos partidos, tema en el que no hay lealtades seguras porque a la vuelta de la esquina se puede cambiar la camiseta como si fueran deportistas profesionales.
Repetimos que tenemos que emprender un movimiento de rescate de la auténtica función legislativa, es decir, de la responsabilidad de los diputados para legislar y fiscalizar, de acuerdo con la Constitución de la República, en función del interés nacional. Es imprescindible terminar con el negocio del listado geográfico de obras, con la capacidad de los diputados de asignar partidas de presupuesto para sus propios negocios personales y que cese, de una vez por todas, la compraventa de votos que tiene que ser un hecho punible.
En esta etapa de transición hacia el nuevo gobierno estamos viendo cómo los diputados negocian de acuerdo con sus principales intereses y actúan para sacar provecho de las necesidades del país, es decir, de las necesidades de la gente. Se benefician en forma personal vendiendo su voto en cuestiones fundamentales que debieran ser parte del giro normal de la actividad parlamentaria, pero que en Guatemala, por la podredumbre y corrupción existente, se han prostituido de tal manera que evidencian la crisis de las instituciones democráticas.
Minutero:
Debe ser asunto de Estado
luchar contra la impunidad
y hasta ahora se ha fallado
porque no hay continuidad