El caso Tomza tiene que quedar cerrado


Oscar-Clemente-Marroquin

Nunca se habí­a visto en la historia del paí­s, y seguramente que muy difí­cil encontrar parangón en la historia del resto de naciones, un caso de tan descarada corrupción como el de la relación existente entre el presidente ílvaro Colom y el grupo Tomza que se dedica a comercializar el gas propano en el paí­s con la mayor complacencia de las autoridades. Pero más que eso, el señor Zaragoza puso a disposición de Colom su avión privado para que el gobernante guatemalteco viajara a donde se le roncara la gana a cambio de que el Estado de Guatemala permita la utilización de un área protegida para instalar su planta de almacenamiento del propano.

Oscar Clemente Marroquí­n
ocmarroq@lahora.com.gt

 


Alguna vez, platicando con un alto ejecutivo de Tomza, me decí­a que para ellos era un problema y molesto el uso permanente del avión porque entendí­an que quedaban comprometidos públicamente, pero que de la Presidencia de Guatemala se los pedí­an cada vez que al señor Colom se le antojaba viajar. Evidentemente nuestro Presidente siente que se desdora si viaja como el común de los mortales y ahora tiene que empezar a prepararse porque obviamente le encontró gusto a viajar y lo tendrá que hacer en aviones comerciales en vez de hacerlo como potentado.
 
 El caso es que ese proyecto de instalar en Punta de Manabique la planta de Tomza tiene que ser objeto del más constante y decidido repudio de la sociedad guatemalteca porque es una muestra clara, inobjetable, del sucio amiguismo y tráfico de influencias. Este gobierno no tiene autoridad moral para otorgar esa licencia y el tema tiene que ser clausurado porque el próximo gobierno no puede ir a pagar la factura que deja pendiente Colom. Si Zaragoza hubiera sido un poco inteligente no le presta su nave al gobernante para dejar, por lo menos, un resquicio en la puerta para negociar en el futuro sin tacha de tráfico de influencias la posibilidad de tramitar las licencias para su planta. Y conociendo a este paí­s donde abundan los vendepatrias, seguramente que no le hubiera sido difí­cil lograr el cometido. Pero el descaro que tuvieron él y Colom compromete de manera definitiva la viabilidad del proyecto porque el olor a podredumbre es escandaloso.
 
 Es cierto que el gobierno de Colom dura, tristemente, hasta el 14 de enero y que en lo que falta tiene las facultades legales para ejercer la función pública, pero también hay que ver que existe una ley de responsabilidades que perfectamente puede utilizarse para juzgar las actuaciones que se tengan desde ahora hasta el dí­a de la entrega del poder. En consecuencia cualquier exceso, incluyendo la contratación de personal, la firma de contratos onerosos y las licencias que se otorguen con tráfico de influencias, pueden no sólo ser objeto de revocatoria, sino que además dar lugar al inicio de acciones legales en contra del Presidente y los funcionarios que hayan participado en las acciones dolosas.
 
 Si es cierto que para Tomza era un dolor de cabeza la terquedad de Colom de andar de pedigí¼eño con lo del avión cada vez que tení­a que viajar, han de entender que su complacencia tiene un precio y el mismo es marcar para siempre como un acto de corrupción y tráfico de influencias el proyecto en el área protegida de Izabal.
 
 En otros paí­ses del mundo es terminantemente prohibido que los funcionarios usen carros, aviones o yates de quienes son o pueden ser contraparte en negocios con el Estado. En Guatemala, en cambio, el cachimbirismo no tiene lí­mite y de manera descarada, absolutamente cí­nica, se actúa con el desparpajo del “sí­, y qué”, apuntando a que nuestro pueblo que siempre peca de indiferente, se traga cualquier cosa y nunca tendrá el mí­nimo aire con remolino.