El Partido Patriota (gobierno electo) tendrá que realizar una auditorí­a forense en los Programas Sociales y las distintas carteras, así­ como medidas legales por anomalí­as documentadas, aseguraron Marvin Flores, de Acción Ciudadana, y Renzo Rosal.

Flores y Rosal afirmaron que los procesos de agilización del actual gobierno deben ser anulados por cada ministro el próximo año, realizando una auditoria forense extensa en todas las instituciones estatales.

Flores indicaba que la necesidad de apresurar contrataciones, cambios de personal, obras, podrí­a ser por cobro de favores, pago de facturas; pero lo que debe ser sancionado con medidas legales es la destrucción y eliminación de información pública.

“Las acciones que está realizado el actual gobierno son por cambio de favores y pagos de deudas, sobre todo el momento en que han intentado borrar información de los Programas Sociales, que deben ser denunciados e iniciar procesos legales, porque eliminar documentación y datos es un delito penado”, indicó

Considerando que las medidas que estarí­a realizando la Unidad Nacional de la Esperanza eran porque confiaban en estar nuevamente gobernado el paí­s, “lo cual no fue así­, por eso mismo han estado apresurando las acciones pendientes”, afirmó Flores.

Asimismo, Renzo Rosal, analista independiente, manifestó que a pocos meses de realizar la complicada transición y de visibilizar las apresuradas acciones del gobierno en turno que de alguna manera son solamente “ganchos” por pago de deudas y favores.

Todo proceso debe ser auditado extensamente para corroborar que están entregando la información de forma transparente y sin agujeros. Medidas que estarí­an dejando mayor peso presupuestario y operadores del gobierno anterior mejor conocidos como “espí­as”.

“Los momentos de transición son dí­as claves donde se aprovecha para dejar ‘ganchos’ del que sale con relación al que entra, no solo de deudas económicas, sino dejarle unas condiciones muy endebles al siguiente gobierno. Lo que trata de hacer es presupuestar muchos empleados públicos para que estén amarrados a las estructuras del siguiente gobierno”.

Además, Rosal, dijo que por el extraví­o o pérdida de documentación de las instituciones y Programas Sociales, estos tendrí­an que ser denunciados y sancionados penalmente.

“Todo hecho de borrar o eliminar documentación es un delito que debe ser sancionado legalmente, por lo que el PP debe realizar una auditorí­a completa y extensa al momento de recibir las carteras”, enfatizó.

CRíTICA
La vicepresidente electa, Roxana Baldetti, criticaba la falta de información, así­ como extraví­o de documentos de los Programas Sociales.

Baldetti señaló de delito el haber borrado dicha información. “Aquí­ tenemos que emplear la denuncia; el que haya permitido borrar todos esos documentos comete delito y será sancionado. Si realmente no podemos obtener esos documentos que respalda el manejo de estos cuatro años de Mi Familia Progresa y de los Programas Sociales, pues los responsables también serán inscritos a mi denuncia, que ya tiene dos años en el Ministerio Público y en la Corte”.
De igual manera, el presidente electo, Otto Pérez Molina, habrí­a indicado a varios medios de comunicación que “los ministros ya tienen directrices para que estén atentos a adjudicaciones de última hora. Este es un tema que estamos siguiendo de cerca y es preocupante que el otro gobierno esté haciendo contrataciones de última hora”.