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Brown, de 30 años, dice que, en su época de primer ministro, en la década de 1960, Edward Seaga construyó el complejo residencial donde vive y lo llenó de partidarios de su Partido Laborista Jamaiquino. Su otro benefactor es el pandillero Christopher Dudus Coke, quien desde hace años garantiza el funcionamiento de servicios públicos que el gobierno nunca ofreció y mantiene el orden por la fuerza. En las épocas de elecciones, su brutal pandilla, la Shower Posse, se asegura de que todos los residentes voten por el partido de Seaga.

«Siempre vamos a ser laboristas», afirmó Brown mientras caminaba por el complejo, uno de los guetos de West Kingston.

Esa relación tan simbiótica entre polí­ticos y delincuentes es la que gobierna desde hace tiempo los barrios marginales de Jamaica, que profesan lealtad hacia elementos del bajo mundo y figuras de uno de los dos partidos de la isla, que funcionan como clanes.

A semanas de las elecciones generales, el nuevo primer ministro Andrew Holness dice que llegó la hora de cortar el ví­nculo con la polí­tica y el bajo mundo.

Su predecesor Bruce Golding renunció el mes pasado en parte debido a una polémica en torno a su reticencia a aceptar un pedido de extradición de Coke hecho por Estados Unidos. El barrio que controla Coke es un bastión del partido de Golding.

«Jamaica pide a gritos una nueva forma de hacer polí­tica», declaró Holness en su discurso inaugural. «Las zonas de exclusión polí­tica son incompatibles con la libertad y algunos aspectos de nuestra polí­tica son una afrenta a la libertad».

Holness invitó a la lí­der opositora Portia Simpson Miller, del Partido Nacional del Pueblo, a caminar con él por áreas controladas por un partido en un gesto simbólico de cambio.

Pero Simpson Miller sostiene que primero Holness debe instituir un programa de «transformación social» en beneficio de los barrios marginales. Simpson Miller es una ex primera ministra con fuerte apoyo en algunos barrios y sostiene que el término «fortificaciones» que usa Holness para describir esos sitios lo único que hace es estigmatizarlos.

«La lí­der opositora dice que se trata de tan solo una palabra, como si las fortificaciones no existiesen», expresó Horace Levy, quien trabaja para reducir la violencia en los barrios a través de la Peace Management Initiative. «Eso no es cierto, existen. No es tan grave como hace 20 años, pero sigue vigente».

Herbert Gayle, antropólogo estudioso de la violencia social de la Universidad de las Indias Occidentales, dijo que la polí­tica de Holness de postular el fin de la influencia del bajo mundo en las elecciones es «una pose oportunista» con miras a los comicios.

La compra de votos por parte de los partidos polí­ticos es hoy un problema más grave que la intimidación perpetrada por pistoleros a sueldo, sostuvo Gayle.

«La dinámica de los barrios se está haciendo más sofisticada y sutil», afirmó.

De todos modos, las divisiones siguen siendo tribales y de vez en cuando generan episodios violentos en época de elecciones.

En los años 70 los dos principales partidos polí­ticos reclutaron pandillas para intimidar a los votantes. En la antesala de las elecciones de 1980 fueron asesinadas más de 800 personas en episodios de un trasfondo polí­tico.

Distintos gobiernos de ambos partidos cedieron cada vez más poder a los lí­deres de las pandillas que eran los únicos que ofrecí­an servicios sociales. Estos capos recibí­an contratos del gobierno para la construcción de obras públicas, incluidas clí­nicas y escuelas.

«La polí­tica en Jamaica gira desde hace mucho en torno a quien recibe qué, cómo, cuándo y dónde», afirmó Holness, de 39 años, en una actividad partidaria el domingo pasado.

Las pandillas, por su parte, se enfrascaron en guerras feroces por el control del tráfico de drogas y las extorsiones, que provocaron un ciclo inacabable de asesinatos y hacen que Jamaica tenga una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Hace algunos dí­as, en el barrio de Waterhouse, controlado por la oposición, Mark Harrison, de 29 años, y otro individuo sentados en bloques de cemento a un costado de una calle expresaban pesimismo respecto a las posibilidades de que haya cambios profundos en la dinámica de los barrios marginales.

«Los polí­ticos nunca harán nada por nosotros, no importa lo que digan», sostuvo Harrison, un lí­der comunal de la zona.

De todos modos, él y un joven de 23 años apodado «Zum» lucí­an camisetas amarillas que promoví­an la candidatura del representante del Partido Nacional del Pueblo. Por la mañana habí­an asistido a un acto de ese candidato.

A lo largo de su carrera, Golding también habló de poner fin a la influencia de los pandilleros en la polí­tica, pero no hizo nada durante nueve meses cuando Estados Unidos pidió la extradición de Coke. La autorizó finalmente en mayo del 2010 y en las redadas lanzadas para capturar al capo fallecieron al menos 76 personas. Golding renunció el mes pasado.

Analistas polí­ticos destacan que la captura y extradición de Coke se dio pura y exclusivamente porque Estados Unidos la exigió, no por presiones internas.

«A menos que Estados Unidos empiece a pedir la extradición de todos los pandilleros que controlan barrios, no se ven presiones dentro del sistema que puedan producir cambios grandes», manifestó Amanda Sives, académica de la Universidad de Liverpool que pasó varios años estudiando el caso de Jamaica.