La mayor inversión minera en Perú está amenazada y con ello los planes del gobierno de bienestar social, en momentos en que campesinos de las altiplanicies se movilizan contra una mina de oro y cobre que ellos temen pueda contaminar y reducir sus suministros de agua.
El proyecto Conga —de 4.800 millones de dólares— es una extensión de la mina de oro a cielo abierto de Yanacocha, la más grande en Latinoamérica. La oposición al plan representa el primer reto importante al presidente Ollanta Humala.
Humala asumió la presidencia en julio tras prometer a las mismas personas que protestan ahora contra Conga que él daría prioridad al agua potable sobre la extracción de minerales.
Dijo en mayo a los residentes del estado norteño de Cajamarca durante un acto de campaña que como mandatario aseguraría las reservas de agua.
«Porque ustedes no toman oro, no comen oro… con respecto a la minería, se va a respetar las actividades de las agricultura, la ganadería», afirmó.
Pero cuando las protestas comenzaron a afectar el proyecto Conga el mes pasado, con destrucción de equipo, caminos bloqueados y trabajos suspendidos temporalmente, Humala comenzó a modificar su mensaje.
La disyuntiva no tiene que ser entre el oro y el agua, dice ahora. Los peruanos pueden tenerlos ambos.
Luego que miles de personas se sumaron a las protestas en Cajamarca el jueves, obligando a cerrar negocios y concentrándose en plazas públicas, Humala dijo en una reunión de organizaciones campesinas: «El Estado, y en eso va mi palabra, va a garantizar el agua. Para todos nuestros hijos tiene que haber agua».
El viernes, un intento de manifestantes de ingresar al campamento minero Conga por la fuerza fue repelido por la policía con un saldo de un herido por perdigones, y dos detenidos, informó el ministro del Interior Oscar Valdés.
En tanto, el Ministerio del Ambiente habría planteado objeciones al proyecto.
Otrora un apasionado izquierdista, Humala se movió al centro para ganar la Presidencia en una nación que gana 61% de sus ingresos por exportación de la minería. Un auge en los precios de los metales ha alimentado un crecimiento anual de 7% en el último decenio, y Humala heredó un país con más de 40 mil millones de dólares en inversiones en minería a la espera.
Pero muy poco de las riquezas generadas por la minería ha llegado a las altiplanicies en las que está la mayoría de las minas, y Humala ganó la Presidencia con promesas de pensiones para los ancianos pobres, un aumento del salario mínimo, más gastos en educación y salud, electrificación rural y salubridad.
Para financiar esos programas, Humala consiguió que la industria minera aceptase un impuesto sobre las ganancias. El gobierno considera que recaudará más de 1.000 millones de dólares al año.
«Es obvio que en esa negociación las empresas no dan un aporte gratis», dijo Carlos Monge, director para Latinoamérica de la organización sin fines de lucro Revenue Watch Institute, basada en Nueva York.
«(El proyecto) es un globo de ensayo sobre el acuerdo al que llegó el gobierno de Humala con los empresarios mineros», dijo Julia Cuadros, directora ejecutiva de Cooperacción, una organización que promueve desarrollo sostenible.
Si Conga es suspendido, la confianza de los inversionistas pudiera deteriorarse, causando el colapso de la agenda social de Humala.
Pero la oposición local al proyecto es intensa, y está encabezada por funcionarios locales. Los críticos dicen que un estudio de impacto ambiental de Conga que fue aprobado el año pasado no responde adecuadamente a los potenciales daños que provocaría río abajo el cavar minas a cielo abierto en laderas, en lo que es un importante acuífero.
Eso «va desaparecer las principales lagunas de la región que son las ultimas que quedan para poder abastecer en los próximos años a la expansión urbana», dijo el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, en declaraciones a The Associated Press.
No sólo serán afectados los alrededor de 7.000 habitantes del área inmediata, sino también decenas de miles en los valles cercanos. Santos añadió que también están en riesgo «probables fuentes de abastecimientos de agua para los programas de forestación, los programas agro ecológicos y también para los programas de piscigranjas».
Cuatro reservas de agua artificiales van a reemplazar cuatro pequeños lagos de montaña que van a ser desplazados por el proyecto de 2.000 hectáreas en las nacientes de dos ríos. La mayor reserva va a ser usada para extraer el metal de la roca triturada y cubierta de cianuro, antes de colocarlo en barreras para impedir contaminación.
Las otras tres, dijo Omar Jabara, el portavoz de Newmont Mining Corp, la compañía estadounidense que tiene 51% de la propiedad del proyecto, van a aumentar a más del doble el agua almacenada para las comunidades vecinas.
Jabara dice que la compañía está haciendo todo lo posible para que el proyecto no dañe el ambiente, y agrega que Conga no puede ser exitoso si afecta adversamente las reservas de agua.
Pero los ambientalistas dicen que eso es exactamente lo que sucedió con la mina de Yanacocha, que comenzó a operar en 1993 y produjo tres millones de onzas de oro en su mejor año.
Las regulaciones de protección de agua en Perú permitieron a la mina contaminar las vías fluviales, dicen, y agregan que el proceso regulatorio favorece a los mineros porque el Ministerio de Minería tiene siempre la última palabra en los estudios de impacto ambiental.
«Eso no lo tienes en Chile ni en Colombia ni Ecuador», dijo Manuel Glave, un respetado economista en Lima.
El Ministerio del Ambiente comenzó a revisar el mes pasado algunos aspectos del proyecto, dijo Fausto Roncal, quien está a cargo de evaluar loss estudios de impacto ambiental en la dependencia. Añadió que su reporte será presentado pronto al jefe del gabinete.
Pero el periodista investigador Gustavo Gorriti informó el viernes por la noche en el sitio IDL-Reporteros que el informe de 11 páginas fue presentado el jueves y plantea «graves objeciones ambientales», recomendando un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado acerca del impacto de las dos fosas de la mina sobre un acuífero no estudiado adecuadamente por Yanacocha.
No fue posible obtener de inmediato declaraciones de Roncal ni del Ministerio del Ambiente.
Esa falta de claridad pudiera ayudar a explicar por qué Perú tiene actualmente más de 60 disputas sobre el impacto de la minería en las reservas de agua, de acuerdo con la oficina del defensor del pueblo. Recientemente, al menos 38 personas fueron heridas en violentos choques con la policía en la ciudad de Andahuaylas, donde los campesinos demandan una prohibición de la minería.
Los rencores han causado el fin de algunos proyectos.
El gobierno del presidente anterior Alan García, que aprobó Conga y respaldó la minería, detuvo el proyecto Tía María de la compañía mexicana Southern Copper Corp. en abril luego que tres manifestantes murieron en choques con la policía.
La administración de García a menudo buscó el arresto de líderes antiminería, y Humala pudiera seguir esa pauta.
Un importante abogado en el Ministerio del Interior, Julio Talledo, le dijo a la AP que le solicitó a fiscales que presentasen cargos penales contra Gregorio Santos y otros cuatro líderes locales que han encabezado protestas contra Conga. Los cargos incluyen «entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos» y conllevan términos de al menos dos años de prisión.
La fiscalía aún no ha presentado los cargos.
Los problemas de credibilidad de Conga se derivan en gran parte de la conducta previa del consorcio de Yanacocha, que incluye a la compañía peruana Buenaventura Mining Co. y la International Finance Corporation, dicen analistas.
En el 2000, un derrame de 152 kilos de mercurio por un contratista de Yanacocha enfermó a centenares de personas. Líderes comunitarios se quejaron además de que fuentes de agua se estaban secando o contaminando.
El consorcio más adelante causó protestas con perforaciones exploratorias en el vecino Cerro Quilish, y tuvo que abandonar ese proyecto luego de quejas de que afectaría directamente el agua de la capital regional.