Personeros del gobierno que se instalará en enero han denunciado que se está procediendo a la destrucción de la información pertinente sobre los programas sociales, eliminando datos sobre los beneficiarios y la forma en que se manejaron los programas. Se supone que la acción trata de dejar sin información al futuro gobierno para que no pueda continuar eficientemente con los programas y de esa manera sufrir las consecuencias del malestar de la gente.

Pero también puede suponerse que se trata de ocultar pruebas y evidencias de malos manejos y que por ello es que prefieren dejar a la gente más necesitada sin asistencia, no obstante que ellos se presentan como si fueran un equipo de gente totalmente solidaria. Si hubiera tal solidaridad, ni siquiera para hacerle daño a sus acérrimos enemigos tendrí­an por qué destruir información que permitiera continuidad de asistencia aunque ya no fuera con el mismo sentido polí­tico, pero la decisión pareciera tener otra finalidad porque se ve claramente que lo que más puede preocupar es que se hagan hallazgos comprometedores.
 
 Los programas sociales han sido al final abrazados por todos los sectores y eso es bueno para el paí­s, pero lo que no se puede hacer es seguirlos politizando de uno u otro lado. Y la destrucción de las bases de datos no es sino una acción polí­tica que pretende provocar malestar en oleadas el año entrante entre los beneficiarios del programa que, al dejar de recibir sus remesas, estarán sintiendo que tení­a razón la señora Sandra Torres cuando les anunciaba en los mí­tines que si ganaba Pérez Molina terminarí­an esos beneficios.
 
 Creemos que la campaña ha sido superada y que el presidente Colom tiene que mostrar siquiera un aire con remolino para ejercer autoridad. Los programas no son de la señora Torres, sino fueron del Estado de Guatemala y por lo tanto el Presidente tiene que ordenar que sean preservados sus datos. Ya sabemos que no es mucho el caso que le hacen, pero en esto no estamos hablando de una disputa doméstica ni de si pueden o no divorciarse un par de esposos, sino simple y sencillamente de una cuestión de gobernabilidad que hay que hacer prevalecer y del cumplimiento del mandato constitucional que le otorgó al mandatario el papel de gobernante, aunque no lo haya querido o podido desempeñar.
 
 La destrucción de información propiedad del Estado es punible y los responsables son no sólo quienes ejecutan esa destrucción y quienes la ordenan, sino quienes no ejercen sus funciones para preservarla y ese es el caso del Presidente. Serí­a triste que otro gobernante se viera envuelto en procesos legales y en este caso, causados por falta de carácter.

Minutero:
No fueron su propiedad 
esos programas sociales 
y es irresponsabilidad 
ocultar todos sus males