Guatemala no muestra avances en el proceso de ratificación del Estatuto de Roma, el cual podría contribuir significativamente a elevar el índice de acceso a la justicia para las mujeres, dijo a Cerigua Mercedes Ruiz-Giménez, Secretaria General de la Asociación de Investigación de Temas Iberoamericanos de España.
La feminista forma parte de la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres, que visitó recientemente el país para entrevistarse con funcionarios, funcionarias, operadores de justicia, fiscales y representantas de organizaciones sociales, con el objetivo de conocer el estado de situación del femicidio y la violencia contra las mujeres.
Ruiz-Giménez dijo que durante los últimos periodos legislativos el tema de la ratificación del Estatuto fue ignorado, incluso en otras instituciones del Estado desconocen que exista una herramienta internacional que podría ayudar a combatir la impunidad en el país.
Es una recomendación y una insistencia del Parlamento Europeo que Guatemala pueda dar pasos en el tema de reforma de sistema de justicia al ratificar el Estatuto de Roma, un documento especializado aprobado por la Corte Penal Internacional.
El documento reconoce los derechos humanos de las mujeres el cual establece que las violaciones a las garantías individuales de la población femenina son delitos punibles.
Aunque la Corte Suprema de Justicia en Guatemala tiene otras dimensiones en los marcos normativos de aplicación y administración de la justicia, el Estatuto profundiza en la terminología que permite sancionar de forma adecuada los crímenes de género, añadió la entrevistada.
La ratificación de la herramienta constituye una oportunidad para que los crímenes cometidos contra las niñas y las mujeres, durante el conflicto armado interno y en el postconflicto, puedan ser perseguidos y sancionados los culpables, puntualizó Ruiz-Giménez.
La indiferencia de los líderes políticos y de los operadores de justicia sobre los delitos cometidos contra las mujeres, es un factor que alienta el aumento de los niveles de impunidad en el país, concluyó la integrante de la Asociación de Investigación de Temas Iberoamericanos de España.