El Estado de Guatemala ocupa el puesto 13 de 18 países analizados en los indicadores de gobernabilidad, de acuerdo con un boletín emitido por la Fundación para el Desarrollo –Fundesa–, afectado por la percepción de corrupción, debilidad en el Estado de Derecho, poca efectividad de gobierno y rendición de cuentas, baja estabilidad política, y escasa calidad de regulación.
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La gobernabilidad se define como un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales, para la toma de decisiones que conllevan incidencia de los sectores públicos y privado.
A través del “Democracy Index†y de un grupo de corresponsales expertos en cada país, la institución evalúa la existencia de corrupción entre funcionarios, el exceso en procesos burocráticos, la continua presencia de crimen violento y organizado, transparencia y rendición de cuentas, cumplimiento de contratos, aplicación de la ley, concesión de intereses y el nivel de descontento social respecto de la gestión pública en temas de seguridad y justicia.
Guatemala ha sido evaluada durante los últimos 15 años por parte del World Bank Institute en cada uno de los seis indicadores listados anteriormente, que de acuerdo con el informe de Fundesa, podemos decir que, en 15 años, el país no ha logrado mejorar las evaluaciones de sus indicadores, lo que se traduce en un estancamiento durante cuatro períodos de gobierno consecutivos.
Según el informe, los retos pendientes que tiene el país deberán orientarse a un fortalecimiento de las instituciones a cargo de proveer servicios a la sociedad, trabajar a favor de mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos, consolidar un esquema sancionatorio a cargo de un ente rector capaz de aplicar las normas relacionadas con la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos (i. e. Contraloría General de Cuentas).
También será importante abordar el tema que respete el orden jurídico vigente, acompañado de una coordinación social que garantice a las personas el goce de las libertades y derechos civiles, sociales, políticos y culturales.