El gobierno anunció ayer la eliminación de subsidios para grandes empresas y familias de mayores recursos, lo que implicará un ahorro para el Estado de 3.968 millones de pesos (924,9 millones de dólares) anuales.
El ministro de Economía, Amado Boudou, dijo en una rueda de prensa que las compañías que dejarán de recibir «el 100 por ciento» de esas ayudas para el consumo de servicios públicos pertenecen a los sectores de refinamiento de combustibles, procesamiento de gas natural, biocombustibles y aceites de exportación y agroquímicos.
«Las principales empresas de estos cuatro sectores producen un impacto de 3.468 millones de pesos (808,4 millones de dólares) en reducción de subsidios», señaló el funcionario, quien aclaró que «no habrá ningún impacto en los precios para los consumidores de los bienes y servicios» que producen esas compañías, unas 40 en total.
Además, el gobierno dispuso en el sector domiciliario la quita de subsidios para las familias de mayores ingresos en dos barrios de la capital argentina, Puerto Madero y Barrio Parque, y en los clubes de campo de todo el país por unos 500 millones de pesos (116,5 millones de dólares) anuales. Esta medida alcanza a 232 mil usuarios particulares.
Las autoridades anunciaron dos semanas atrás la eliminación de subsidios para los sectores energético, financiero, de telefonía y aeropuertos, entre otros, que supondrán un ahorro de 140 millones de dólares.
Este tipo de medidas eran reclamadas desde hace tiempo por los economistas debido al excesivo gasto público.
El gobierno aclaró en esa ocasión que la quita de las ayudas sobre los servicios de luz, gas y agua para esos sectores de la economía «afectará al subsidio y no a la tarifa» que paga el usuario.
Sobre las medidas anunciadas este lunes, Boudou indicó que incluyen la puesta en marcha de un registro de usuarios de todo el país que deberán presentar una declaración jurada para informar si necesitan o no recibir el subsidio en los servicios de gas, electricidad y agua. También se facultará la posibilidad de renuncia voluntaria de los usuarios a ese beneficio.
«Con la próxima factura llegaría una especie de declaración jurada en la que cada una de las familias podría decir si necesita o no el subsidio… podemos hacer un cruzamiento entre esta declaración y en los casos en que no coincida con la situación real enviaremos el servicio de visita social a cada domicilio», señaló Boudou. Agregó que «todo esto estará registrado en una página de internet para darle la mayor transparencia» al proceso.
En el caso de aquellas familias que no contesten si necesitan o no el subsidio, el gobierno estimará que no lo requieren.
En tanto, el ministro de Planificación, Julio de Vido, indicó que las medidas comenzarán a aplicarse desde el 1 de diciembre para las empresas y desde el 1 de enero de 2012 para los usuarios particulares.
Para el caso de las procesadoras de gas natural –señaló De Vido– se eliminará un subsidio a la exportación «pero está considerada la permanencia» de la ayuda «a aquellos volúmenes de gas que van para el mercado interno para la fabricación de garrafas», con el fin de que el precio de éstas continúe en el mismo valor actual.
El registro único de usuarios comenzará en la ciudad de Buenos Aires, en donde está concentrado el 53% de los subsidios a los sectores residenciales.
Según Boudou, la capital argentina «tiene un producto bruto geográfico per cápita que supera los 35 mil dólares anuales» mientras que el del resto del país ronda los 9 mil dólares.
La idea es que la medida se vaya aplicando de forma gradual en otros lugares, una vez que se compruebe la efectividad, señaló a su vez De Vido. «La secuencia va a ser tipo efecto dominó. Una vez que arranquemos por un lugar y veamos que funciona iremos avanzando», sostuvo.