Hemos recibido algunas opiniones muy crí­ticas contra el Procurador de los Derechos Humanos por la acción que ha tomado luego de la decisión del presidente ílvaro Colom de firmar la extradición de Alfonso Portillo a los Estados Unidos, mismas que provienen de personas que creen que la justicia se cumple enviando al expresidente a ser objeto de proceso en el extranjero. Sin embargo, hay que decir que existe una resolución de la Corte de Constitucionalidad con formalidades que el presidente Colom no observó y eso enreda más el caso.

En otras palabras, cualquiera que haya sido la razón de Colom para firmar apresuradamente, abre espacios para una serie de impugnaciones porque no se cumplen requisitos concretos y especí­ficos contenidos en la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Puede ser, no hay que dejar de creerlo, una prueba más de la manifiesta y consistente incapacidad de este gobierno con complicidad de la Secretarí­a General de la Presidencia y de la misma Cancillerí­a que tuvo que velar por el cumplimiento de las formas.
 
 Pero como existe aquel viejo adagio de que hay que pensar mal para acertar, tampoco se puede dejar de creer que esa resolución fue dictada con pleno conocimiento de causa porque la misma abre toda una serie de oportunidades para entrampar el caso, para que se produzca una cascada de impugnaciones que podrí­an eternizar el conocimiento del proceso y de esa manera impedir la extradición del mandatario. Conociendo a Colom, las probabilidades de que haya sido un gesto de incapacidad son tan altas como que pueda haber sido una acción deliberada de mala fe. No se explica cómo una decisión de tanta transcendencia  y con tantas colas, se pueda tomar a la ligera de un plumazo y sin tomar en cuenta nada más y nada menos que una resolución de la Corte de Constitucionalidad.
 
 De suerte que las crí­ticas contra el Procurador de los Derechos Humanos son totalmente infundadas. De conformidad con la Corte de Constitucionalidad tení­a que haber sido tomado en cuenta, de manera formal y expresa, por lo que al haber omitido ese requisito impuesto por la decisión del tribunal constitucional del paí­s, al doctor Morales no le quedaba otro remedio que el de accionar legalmente, so pena de incurrir él también en desacato a la resolución judicial de referencia.
 
 Â¿Olvido o ignorancia supina del Presidente y sus funcionarios? Puede ser y eso no debiera sorprender a nadie luego de cuatro años de ver lo mismo. Jugada de billar de tres bandas para despistar al enemigo con toda la mala fe del caso tampoco puede ser sorpresa.

Minutero:
El negocio está más grueso
en ese podrido Congreso;
y es que tanta inmunidad
es total impunidad